A la Dirección de Planificación del Administrador de Infraestructuras ferroviarias
C/ Titán 4 y 6, 28045 Madrid.
Ref. "Información pública expropiaciones Villafranca-Olite / Olite-Tafalla".

Don/Doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , mayor de edad, con DNI nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y domicilio a efecto de notificaciones en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
ante esta entidad comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

	Que habiéndose publicado en el BOE del 12 de abril de 2014 (anuncio 13379 - 13378) el “sometimiento a exposición pública a efectos de expropiaciones” de parte de esta entidad y se abre plazo de 15 días hábiles para información pública, mediante este escrito y en base al artículo 86 de la Ley 30/1992 y la Ley de Expropiación Forzosa, formulo las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.- Que soy propietario directamente afectado por la expropiación

SEGUNDA.- Que considero contrario al derecho de participación pública la publicación en época festiva de esta resolución con un plazo de 15 días para hacer alegaciones, lo que viene siendo una práctica de la administración absolutamente rechazable y contraria a ese principio. Hay que tener en cuenta que la relación publicada de los bienes y derechos afectados por este proceso de expropiación forzosa incluye parcelas de dominio público, comunales, que pertenecen por tanto a todos los vecinos de las localidades, entre otras las que pertenezco, y cuya decisión debe ser tomada por éstos, ya que constituye la pérdida irreversible de un patrimonio público propiedad de todos.

La aplicación sistemática del procedimiento de urgencia en las expropiaciones para proyectos que sin embargo tienen un plazo de desarrollo nada urgente ya que se mide en años es un abuso de la excepcionalidad que la propia Ley de Expropiación Forzosa de 1954 confiere al procedimiento de urgencia y es muestra de la tendencia autocrática de la Administración al dar prioridad a las leyes que permiten la urgencia frente a las que promueven la participación (Constitución, artículos 9.2, 23, 29, 48, …). Asimismo el no poner cauces de participación en procedimientos como este que suponen una carga medioambiental, en lugar de respetar la autonomía municipal sobre los asuntos que les afectan de forma directa e importante, es un acto que supone un inadecuado cumplimiento de lo previsto en la Directiva Europea 2001/42/CE y su trasposición al Ordenamiento Jurídico Español a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril. Esta parte considera que la actuación administrativa constituye una infracción del derecho a la participación temprana y el derecho a la publicidad de la información plasmado en un plan de participación recogidos en la Ley 6/2006 que a su vez cita a la Directiva 2001/42/CE mencionando que “uno de los objetivos principales de la Directiva y así se recoge en esta Ley es el fomento de la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso en plazos adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador”. 

La actuación administrativa en este punto es además una vulneración del artículo 16 Ley 27/2006, de 18 de julio y artículo 6 del Convenio de Aarhus que establece lo siguiente
“2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:
a) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará una decisión
b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse; 
c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión; 
d) El procedimiento previsto, en particular, en los casos en que estas informaciones puedan facilitarse: 
i) La fecha en que comenzará el procedimiento; 
ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo, 
iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista; 
iv) La autoridad pública a la que quepa dirigirse para obtener informaciones pertinentes y ante la que se hayan depositado esas informaciones para que el público pueda examinarlas; 
v) La autoridad pública o cualquier otro organismo público competente al que puedan dirigirse observaciones o preguntas y el plazo previsto para la comunicación de observaciones o preguntas; 
vi) La indicación de las informaciones sobre el medio ambiente relativas a la actividad propuesta que estén disponibles; y 
e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente. 
(…)
4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.”

En cuanto a las modalidades de participación del público en el proceso de decisión, la Directiva establece que se deberán fijar plazos razonables para cada una de las fases, de tal manera que se otorgue tiempo suficiente para facilitar la información y preparar la participación en el proceso de toma de decisiones, debiéndose garantizar además la posibilidad real de expresar observaciones y opiniones en una fase temprana cuando estén abiertas todas las opciones, tal y como también establece el Convenio. La Directiva mejora la calidad de la información que se ha de hacer pública, puesto que una vez adoptada la decisión no sólo ha de ponerse a disposición del público, junto con los principales motivos y consideraciones en los que se basa, como exige el Convenio, sino que también se ha de incluir las condiciones que la acompañan, la información sobre el proceso de participación del público y “cuando sea necesario” una descripción de las principales medidas que se deberán adoptar para evitar, reducir y, si fuese posible, contrarrestar los principales efectos negativos (art. 9.1 de la Directiva 85/337CEE).

No se debe olvidar que en el ámbito medioambiental la necesidad de participación ciudadana queda reforzada por la configuración en el art. 45 de la C.E. del medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute somos titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que compartimos todos, los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Por ese motivo el ordenamiento ha de articular mecanismos que permitan y aseguren la efectividad de una participación pública real, como venimos advirtiendo. 

La discrecionalidad de la Administración a la hora de elaborar un expediente de este tipo, no puede convertirse en arbitrariedad permitiendo a los poderes públicos aportar en el momento en que quieran la información que quieran. Ello tiene que tener un límite y este límite en materia medioambiental nos lo está dando la posibilidad real de que el público acceda a la información desde un momento temprano. No parece que se cumpla dando un plazo de 15 días en periodo vacacional a la totalidad de los propietarios, cuando además hay bienes y derecho comunales afectados.

TERCERA.- Que según el art. 2. 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, “La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia y el Municipio”. Por tanto carece de sentido el anuncio realizado por ADIF que carece manifiestamente de legitimación activa para poner en marcha este proceso.
CUARTA.- Por otra parte, la expropiación carece manifiestamente de utilidad pública, art. 9 de la Ley, dado que la Declaración de Impacto Ambiental de 16 de abril de 2004 y 1 de junio de 2004 a las que afecta este tramo han sido declaradas nulas por caducidad por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 18 de junio de 2013, en el Procedimiento Ordinario 441/2013 E-02
En definitiva, sin la Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación del Estudio Informativo del tramo a que se refiere el anuncio de expropiación, está obsoleto y decae y habría que considerarlo caducado a todos los efectos, incluido el de poner en marcha el expediente de expropiación.

Por todo lo expuesto, SOLICITO a la Administración:

1.- Que a tenor de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 30/92, se me tenga en condición de interesado en el presente procedimiento a todos los efectos legales por poseer intereses económicos directos;
2.- La inmediata suspensión del presente procedimiento expropiatorio;
3.- Que se deje de considerar de utilidad pública la Línea de Alta Velocidad Castejón-Comarca de Pamplona, dado que esta declaración ha decaído por el pronunciamiento de los Tribunales, sin entrar en otras consideraciones
4.- El replanteamiento total de los sistemas de participación y consulta para facilitar una auténtica participación popular en la toma de decisiones en relación al TAV y a otras grandes infraestructuras de elevado impacto ecológico y social, mediante la puesta en marcha de un auténtico Plan de Participación Pública.

		En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 28 de abril de 2014

								Firmado: