A continuación tienes el artículo de opinión de la coordinación de grupos sociales y sindicales Nafarroa Bizirik Nahi Dugu, en el que expresamos nuestra opinión sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está debatiendo en el Parlamento de Navarra en estos días. Este texto es un resumen de un dossier mas largo que recoge las alegaciones que en su momento varios grupos presentamos en el minúsculo debate público de la ley.

En el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2020 realizado en el Parlamento navarro, se coló una resolución para apremiar la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de una Ley que va a afectar a cuestiones vitales: ¿Cómo vamos a hacer frente al Cambio Climático? ¿Cómo se va a sustituir el uso de los combustible fósiles? ¿Cómo deberían adaptarse el sistema económico, sanitario, nuestra movilidad, las infraestructuras frente a los riesgos que nos vamos a encontrar? Ante unas cuestiones de tanta trascendencia e impacto en nuestras vidas y en la del plantea, las organizaciones medioambientales, sociales y sindicales que conformamos Nafarroa Bizirik Nahi Dugu, queremos exponer una serie de reflexiones críticas en torno a algunas cuestiones relevantes del anteproyecto planteado, urgidas más si cabe por el oscurantismo y el silencio que lo envuelve.

Una Ley bajo presiones políticas y empresariales. Estamos ante una propuesta legislativa necesaria, que hace tiempo debería haber sido debatida. Pero no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por el contexto en que va a producirse su debate, aprobación y desarrollo reglamentario. Bajo la justificación de lo verde, estamos asistiendo al mantenimiento y multiplicación de grandes infraestructuras (TAV, embalse de Yesa, Canal de Navarra, polígonos eólicos y solares, plantas de tratamiento de residuos, centrales de Castejón, minería extractivista, la ingente necesidad de energía para la producción del hidrógeno y el desarrollo del 5G que se nos anuncia…) y a un auténtico asalto de multinacionales a la caza y captura de los Fondos Europeos para la Reconstrucción.

El principal problema climático y energético es la sociedad capitalista. Y cada vez son más los análisis que desde el campo científico lo ponen en evidencia. La situación global del planeta es calamitosa (pérdida de biodiversidad, alteración de ecosistemas…). Las emisiones de los gases de efecto invernadero siguen en niveles insostenibles. El cambio/caos climático, con sus consecuencias medioambientales y sociales, se está produciendo con rapidez e intensidad brutal. Tras ello, hay un sistema global productivo y de consumo desaforado, de agricultura y ganadería industrial, con el petróleo y gas como soporte energético, y el crecimiento indefinido y del beneficio como único norte. En consecuencia, no sólo hay que reducir significativamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, sino que además es necesario cuestionar el actual modelo social, con menos consumo, más local, más distributivo y desmercantilizado. Debemos poner en cuestión la propia posición de Navarra en el mercado internacional en manos de multinacionales y crear una nueva economía de lo cercano, del intercambio imprescindible, con una sociedad más austera, más igualitaria, y más solidaria con las regiones empobrecidas del mundo.

Un proceso participativo ninguneado. Y no lo decimos como un “latiguillo” utilizado habitualmente en este tipo de valoraciones. Para muestra un botón: el anteproyecto se sometió a exposición pública en junio, tan solo durante 15 días, en situación de pandemia y sin atender a los requerimientos para prorrogar plazos y crear foros de análisis. Un auténtico rodillo institucional y administrativo, que ha negado a las organizaciones sociales, plataformas populares y ciudadanía preocupadas por nuestro futuro socio-ambiental, cuanto menos, divulgación, información, participación y plazos razonables. Mala señal, y que cuestiona ya desde el comienzo el modelo de gobernanza compartido que se incluye en el anteproyecto.

Planificación para la soberanía energética. Se echa en falta en el anteproyecto la consideración de la energía, al igual que el agua, como un bien común, escaso y de primera necesidad, tal y como distintas organizaciones sociales están preconizando. Hay que evitar que las decisiones energéticas queden en manos de los oligopolios energéticos. No todo vale en el proceso de descarbonización. Hace falta una planificación democrática que identifique la cantidad de energía que necesitamos y tenemos disponible; que establezca cómo adecuarla y distribuirla desde los usos prioritarios; que cuente con un diseño descentralizado, con mayor capacidad de la actuación municipal y sometido al control ciudadano en su gestión. Necesitamos una planificación para garantizar la soberanía y justicia energética, y no para convertirnos en un engranaje más del negocio energético. No profundizar en estas cuestiones es reducir a anécdota las experiencias comunitarias de producción y distribución de energía, dejando en manos de las grandes empresas el control del mercado energético con el fin de sostener el modelo de crecimiento del Norte a costa de expoliar los recursos de los países del Sur.

Sin objetivos ni compromisos claros y ambiciosos. El anteproyecto adolece de ambición y es claramente insuficiente en cuanto a los objetivos establecidos. Varios ejemplos. 1) Así, el texto marca reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y del 80% en 2050 (respecto a las de 2005, año con más emisiones), mientras el Parlamento europeo recientemente ha exigido al menos un 60% de reducción en 2030 respecto a 1990. 2) El anteproyecto carece de presupuestos de carbono que indiquen la cantidad de emisiones disponibles cada año para no sobrepasar los límites establecidos, tal y como hacen en Cataluña y Baleares. 3) Falta concreción en objetivos tanto para la reducción de GEI en el sector agrícola, como de fomento de la agricultura ecológica y reducción del uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, disminución de los cambios de uso del suelo (ejemplo: los nuevos regadíos propuestos en el Canal de Navarra)… 4) No se tasan objetivos relacionados con la disminución del consumo de energía, ni se plantean la definición de las necesidades a cubrir. 5) En ningún momento se indican las transformaciones que se deberían dar en el consumo energético para conseguir esos objetivos de reducción de CO2 y si estas son posibles, todo parece un “brindis al sol”, o abrir la puerta a la deslocalización de actividades… Mantener objetivos laxos en materia de emisiones y consumos nos hace corresponsables de las terribles consecuencias que implican para nuestro futuro y el de la humanidad.

Sin ferrocarril, no es serio hablar de movilidad sostenible. El anteproyecto plantea la necesidad de impulsar la movilidad sostenible, poniendo el acento en la transición al vehículo eléctrico (particulares, públicos, transporte en carretera,…), sin hacer referencia al ferrocarril, el modo de movilidad colectiva más sencillo y fácil de electrificar y descarbonizar. Renunciar a esta modalidad de transporte de viajeros y mercancías, rechazar su mejora y alternativa al transporte por carretera, negar su uso e integración en las necesidades cotidianas de millares de personas que podrían beneficiarse de ello denota una gran irresponsabilidad. Pensar en el vehículo eléctrico como única alternativa denota una visión cortoplacista y ocultar nuevos problemas y límites asociados a ellos (disponibilidad de materiales finitos, los elevados consumo de energía y procesos contaminantes asociados, sus dificultades para incorporarlo a los vehículos pesados como maquinaria, camiones…).

Alarma: el suelo agrícola está en peligro. La colocación de placas fotovoltaicas y los cultivos energéticos debe estar prohibida en suelo agrícola. No basta con recomendar la utilización preferente de suelo urbano o urbanizable. Es necesario proteger, en cantidad y calidad, el suelo agrícola, ya que es un suelo escaso, no renovable y fundamental para nuestra alimentación. Los polígonos solares, aunque vistan de verde, son la muerte del medio rural.

No a una transición energética que implique el sacrificio de la mayoría. Las próximas décadas van a venir marcadas por profundos cambios y situaciones dolorosas en la medida en que mantengamos esquemas de desigualdad y poder de los monopolios. Lo estamos viendo ya: miles de puestos de trabajo amenazados, deslocalizaciones, destrucción de suelo y actividad agrícola, reconversiones, empobrecimiento, macroproyectos… Miles de millones de euros que se están dirimiendo en despachos, a espaldas de la gente.

En este momento no sabemos cuándo se debatirá en el Parlamento este anteproyecto, pero es preciso que nos hagamos oír ya. No nos basta con una Ley para replantear nuestro modelo energético y desprivatizar la producción de energía. Esta debe venir acompañada de medidas que impliquen reparto del trabajo y de la riqueza, planes para atender a las personas y comarcas afectadas, replantear el bienestar considerando los límites naturales, una nueva cultura de la autocontención y de la reducción de consumos superfluos, y una organización y poder descentralizado y democratizado. Ante el Cambio Climático, la transición energética es algo más serio que instalar simplemente renovables.