Las entidades se han aunado para que el Anteproyecto de Ley de Residuos no ignore la alarmante situación de la gestión de los residuos en España.
El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que debe transponer en este 2021 las directivas europeas de residuos, está en la actualidad pendiente de emisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado. El texto propuesto es poco ambicioso e ineficaz ya desde su nacimiento, por lo que las 16 entidades estatales, que denunciaron hace un mes a España ante la Comisión Europeo por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización de 2020, no han querido perder ni un segundo a la hora de intentar corregirlo.
Este grupo de asociaciones representativas de diversas regiones del territorio, han obtenido audiencia ante el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera unísona a la institución que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley.
El principal argumento de las organizaciones es que la transposición de las directivas de residuos debe hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje que existe en el Estado español para poder así adoptar medidas reales y efectivas como las recomendadas reiteradamente por la Comisión Europea.
«Se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos», han expresado las entidades en sus alegaciones.
Con los datos de los se dispone actualmente, así como con las proyecciones realizadas por la propia Comisión Europea, y la ausencia total de cambios disruptivos durante los últimos años, es sencillo deducir que España no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del año 2020 establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es más, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.
«Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe», denuncian las entidades firmantes.
A modo de ejemplo, el Estado español no ha impuesto un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos, no ha introducido un régimen fiscal armonizado sobre la eliminación de residuos, no ha fomentado incentivos económicos ni sistemas de depósito, devolución y retorno de productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad, ni ha impuesto tasas municipales de residuos obligatorias, entre otras medidas sugeridas o recomendadas por las directivas europeas o por la Comisión Europea.
El Anteproyecto de Ley redactado por el Ministerio de Transición Ecológica no sólo ignora la actual situación de incumplimiento, sino que además no recoge la mayoría de las medidas enunciadas anteriormente, ni impide que se perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros o Ecovidrio en el caso de los envases de vidrio.
Entidades firmantes de la denuncia:
Amigos de la Tierra, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Clean Ocean Project, Estratègia Catalana Residu Zero, Ecologistas en Acción, Eguzki, Grup Balear d’Ornitologia (GOB), Greenpeace, Gurasos, Mater Museoa, Lurra Nafarroa, Rezero, Retorna, Surfrider Foundation Europe, Sustrai Erakuntza y Unión Sindical Obrera (USO).