El Canal de Navarra, que es la obra hidraúlica de 177 km encargada de transportar el agua del pantano de Itoiz, tampoco está exento de controversia ya que además de ciertas críticas y denuncias por afectar al medio ambiente, añade acusaciones de corrupción política.

En febrero de 2007, un Juzgado de Instrucción de Zaragoza, recogió las peticiones realizadas por el partido político Aralar y ordeno iniciar la investigación de su Tramo III. Ese tramo, adjudicado en el 2001 a una unión temporal de empresas participada en un 72% por A.C.S., tiene unos 10 kilómetros de longitud, y fue presupuestado en 46,39 millones de euros, ampliándose en el 2003 en 0,87 millones de euros.

La investigación se inicia ya que, según algunos informes, pese a haber disminuido la obra proyectada en un 35%, en este sector los gastos no solo no disminuyeron proporcionalmente si no que aumentaron oficialmente un 8,75% (4,5 millones de euros).

En cuanto al desarrollo del proyecto de puesta en regadío, los agricultores que reciban el agua del «Canal de Navarra» deberán pagar 3.600 euros por hectárea, -lo que se conoce como «peaje en la sombra«-, en caso de no abonar estas cantidades se les concederán tierras de secano en concentración. Algunos agricultores manifestaron que les parecía contradictorio hacer una obra de tal magnitud, si luego conllevaba la desaparición de muchos agricultores de la zona, señalándose que esta medida afectaría gravemente, por ejemplo, a los viñedos de la Ribera de Navarra, beneficiándose sólo las grandes plantaciones.

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