La transición energética y ecosocial que necesitamos se está convirtiendo en un polo de atracción de amistades peligrosas. Recientemente hemos conocido cómo 15 de las 200 mayores fortunas del Estado Español concentran el grueso de su patrimonio en el sector de renovables. Amancio Ortega, dueño de Inditex, acaba de comprar parte de su cartera renovable a REPSOL por valor de 363 millones de euros. Las renovables, con la conformidad de gobiernos bajo la sombra del Pacto Verde europeo, están alimentando este bazar entre la oportunidad y la especulación.

En Navarra también, la falta de intervención gubernamental para generar un sector renovable público facilita que afloren movimientos de compraventa de instalaciones por parte de multinacionales como la reciente de Statkraft, o que asistamos atónitos al cierre de empresas del sector renovable. Operaciones que a veces adquieren un gran eco social, y otras pasan más inadvertidas. Es el caso de los polígonos eólicos que la empresa Agrowind Navarra 2013 SL proyectaba en Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga y que todavía siguen sin construirse tras 7 años desde que el Gobierno de Navarra pusiera el proyecto a exposición pública, y después de que en 2018 lo aprobara a través de un PSIS.

Este proyecto de Agrowind es uno más de los muchos proyectos especulativos que han surgido en Navarra y en otros territorios: empresas que surgen de la nada, con un capital social ridículo y que se aprovechan de las facilidades que ofrece la falta de planificación energética existente. La preocupación medioambiental y climática se las trae al pairo. Pero en este caso, hay un elemento añadido especialmente grave. Se trata de un proyecto, que entre las muchas modificaciones que ha sufrido, se le ha aplicado una legislación adaptada ad hoc para favorecer a la empresa y mantener su vigencia.

El proyecto de Agrowind Navarra 2013 SL se inició con su presentación a los ayuntamientos afectados en 2012 y puesto a exposición pública en 2016. Los análisis efectuados tanto de la capacidad eólica, como de su impacto ambiental datan de aquellas fechas. Además, en 2018 el Gobierno de Navarra aprobó el PSIS que daba luz verde a la construcción de los polígonos eólicos. Sin embargo, la empresa no inició la construcción de los polígonos eólicos en aquellas fechas, cuando ya disponían de todos los permisos.

Y no lo hizo porque no tenía capacidad para ello. Una empresa que fue creada en 2013 con un capital social exiguo de 4.000€ difícilmente puede afrontar una obra en la que el coste por megavatio de potencia instalada puede superar el millón de euros. A partir de este momento comienza la oscura historia en la que Agrowind busca vender su proyecto aprobado de 30 aerogeneradores. Y en esta búsqueda, ha contado con la colaboración necesaria del Gobierno de Navarra para alargar de manera artificial la vida del PSIS, y con ello ganar tiempo para encontrar comprador. Se trata de un hecho grave y denunciable: cuando en 2021 ya habían pasado más de 3 años desde la aprobación del proyecto, sin que la empresa hubiera realizado ninguna obra, y por lo tanto debería haber sido declarado como caducado, sorpresivamente el Gobierno declaró la ampliación de su vigencia durante 5 años más. Y lo hizo de manera completamente irregular, a través de una orden foral, instrumento normativo de carácter inferior al que pretendía enmendar (un Decreto Foral). Ante este mayúsculo error, que bien podría haber sido anulado por los tribunales de justicia, el Gobierno rápidamente emitió un nuevo Decreto Foral que lo subsanaba.

Finalmente, los promotores de Agrowind, gracias al tiempo que le ha regalado el Gobierno de Navarra, han podido cumplir su sueño de sacar provecho de la inversión inicial de 4.000 euros. En 2022, Agrowind logró vender tanto la propia empresa como todos sus polígonos eólicos al grupo saudí Alfanar, con sede en Riad, por 202 millones de euros.

Por si fuera poco, y tal como se comprueba en la nueva exposición pública en el BON por parte de Ordenación del Territorio, se está despreciando la integridad y la preservación de los ecosistemas afectados por el proyecto. Se están dando por buenos informes para evaluar los impactos medioambientales de la Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra de 31 de diciembre 2013, allá cuando se presentó por primera vez.

Resulta escandaloso mantener un proyecto, con un análisis ambiental desfasado y no acorde con la realidad actual. Desde aquellas lejanas fechas se han construido nuevos polígonos eólicos en las zonas cercanas a este proyecto. Si bien la legislación ambiental establece la necesidad de analizar los impactos acumulativos y sinérgicos que se producen por la instalación de infraestructuras similares en el entorno cercano, el Gobierno de Navarra está ignorando este hecho. Tampoco se ha analizado la evolución que han sufrido la flora y la fauna de la zona, que tampoco ha mejorado en los últimos años.

Decíamos que negociar con las renovables no es un buen negocio para la emergencia climática, energética y de adaptación ecosocial que precisamos. El Gobierno de Navarra, en vez de preocuparse por qué no se están cumpliendo sus planes de reducción de gases de efecto invernadero, parece preferir que se alimente la codicia de quienes negocian con el clima y la energía, alargando discrecionalmente proyectos que debían estar caducados, y haciendo un uso irregular de los instrumentos que evalúan los impactos ambientales de este proyecto.

La falta de planificación democrática para determinar las necesidades energéticas de Navarra, la ausencia de medidas eficaces para sustituir el uso de los combustibles fósiles y la ausencia de voluntad por parte del Gobierno foral para garantizar que la producción y distribución energética tenga un carácter 100% público tan solo alimentan lo que una y otra vez estamos contemplando: la consideración de la energía como un bien de beneficio privado, donde oligopolios y multinacionales (privadas o estatales) se disputan el territorio, para comprar y vender infraestructuras, unas veces para dominar el mercado energético y otras para ganar liquidez y cubrir sus deudas, donde lo que menos importa es la sostenibilidad social y ecológica.

Artículo de opinión escrito por Conrado García Napal y Jule Goñi Montero, en nombre de Sustrai Erakuntza.