Valle de Odieta, la empresa propietaria de la macrogranja de vacas de Caparroso, está llevando a cabo una activa defensa de su modelo de explotación y la envuelve en conceptos como economía circular, ganadería sostenible, bienestar animal, iniciativa contra la despoblación,…
Es la misma empresa que ha solicitado autorización para la instalación de otra similar con 23.500 vacas en Noviercas, Soria, y que, ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero de concederle el agua solicitada, acude a políticos autonómicos y locales para que le ayuden con su proyecto. Numerosos grupos ecologistas, y sin intención de perjudicar a nadie, apuntan algunos de los problemas que este tipo de explotaciones originan en el entorno natural donde se instalan.
En el caso de la de Caparroso, el desacuerdo parte de la constatación del incumplimiento continuado tanto de las buenas prácticas agrarias, como de las condiciones específicas contenidas en la autorización ambiental de la macrogranja, unido a un notable aumento de la contaminación por nitratos en la zona en la que se sitúa. Estos hechos han sido comprobados por los vecinos de la zona y bien documentados en múltiples actas e informes de SEPRONA, Policía Foral, Guarderío Ambiental, ONGs y técnicos del Gobierno de Navarra
El grave y creciente problema de la contaminación por nitratos
En efecto, el nivel de nitratos en las aguas subterráneas circundantes (Marcilla, Villafranca, Murillo el Cuende, Milagro), que en muchos puntos se encontraba ya en mal estado (no en vano están declaradas como “aguas afectadas por nitratos de origen agrario”), muestra en las estaciones de control de calidad de aguas un notable cambio a peor desde la instalación de la macrogranja (ver el riguroso estudio “Análisis de la evolución del promedio anual de nitratos en las masas de agua subterráneas de los aluviales Aragón-Ebro y Cidacos (Navarra). Identificación de tendencias ascendentes y posibles causas” de Marcilla Viva).
Uno de los puntos en que se observa un progresivo aumento de nitratos es en el pozo de abastecimiento de la localidad de Marcilla que, por tratarse del agua de boca para sus habitantes, es vital proteger. Villafranca y Milagro tienen sus antiguos pozos de abastecimiento contaminados y ya no beben agua de ellos.
También se han apreciado afecciones sobre Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación Tramos bajos del Aragón y del Arga”) y en la cueva del Soto, donde habitan especies protegidas de murciélagos (Myotis myotis y Myotis blythii).
Esta explotación -cuya autorización del año 2.009 era para 3.450 vacas adultas-, en el año 2.019 y según el censo ganadero, contaba con 5.266 vacas, 978 novillas y 1.129 terneros, es decir, muchas más cabezas de las autorizadas. Adicionalmente, su planta de biometanización procesa miles de toneladas de residuos orgánicos industriales y urbanos (entre otros, los residuos del “5º contenedor” cuidadosamente recogidos y separados por el vecindario de Pamplona, por los cuales Valle de Odieta percibe 26 €/T, gastos de transporte aparte).
La enorme cantidad de residuos resultante de su actividad, la explotación ganadera, más los otros residuos de diverso origen que recibe, generan un gran volumen de un subproducto llamado digestato que utilizan como fertilizante, pero que de ser aplicado sin control y en cantidades excesivas, conlleva una elevada carga contaminante. Por ello, resulta fundamental que en el manejo de este digestato se cumplan con el máximo rigor los condicionantes ambientales. La empresa cuenta también con 105 ha de regadío propio en Caparroso y unas 50 ha en Marcilla (10 ha en el Soto Torre en la misma margen izquierda del río Aragón, en el ZEC, y 40 ha en el Olmar); una extensión insuficiente para que el suelo lo asimile sin afecciones.
El incumplimiento del condicionado medioambiental
La macrogranja, que cuenta con Autorización Ambiental Integrada concedida por Gobierno de Navarra en 2009, acumula una larga serie de denuncias e informes sobre malas prácticas y acerca de diferentes irregularidades: obras e instalaciones no autorizadas, balsas de lixiviados sin impermeabilizar, escorrentía de lixiviados, vertido de purines, caracterización insuficiente de estiércoles y suelos, exceso de nitratos, mal reparto del digestato, residuos no contemplados en la autorización, aplicación de digestato en fincas no autorizadas, aplicación de digestato en barbechos y rastrojos, excesos en número de vacas, tuberías de distribución de digestato no autorizadas, métodos no autorizados de distribución de digestato, escorrentías y encharcamientos de digestato, roturación de zonas naturales no autorizadas, consumo de aguas sin la preceptiva concesión tanto en la granja como en las parcelas de regadío,…
Hasta el año 2020, Gobierno de Navarra le había incoado a la empresa 11 procedimientos sancionadores, todo un récord. Actualmente, tiene un sancionador abierto que ha sido trasladado al Juzgado porque además de infracciones administrativas, puede ser objeto de delito penal (con lo cual queda bloqueada nuevamente la vía de sanción administrativa hasta que no haya sentencia en firme)
La empresa ha ido recurriendo todos y cada uno de los actos administrativos y sentencias que le pueden afectar, consiguiendo paralizar muchos de ellos, con lo cual de momento, sólo ha sido condenada, tras recurso contencioso-administrativo, a pagar 30.000 €, por considerarse probados los daños o riesgo de daños por lixiviados y vertido de purines. Cifra completamente ridícula, si se compara con los millones de euros en subvenciones y pagos por la gestión de residuos que percibe cada año. Realmente, el negocio compensa.
Una sentencia que elige ignorar el riesgo medioambiental
La granja se ha librado de varios expedientes sancionadores y ha conseguido autorización para ampliar hasta 7.200 vacas adultas, gracias a la Sentencia nº 333/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Esta autorización le había sido denegada por Gobierno de Navarra·”por las irregularidades en el funcionamiento de la actividad (…) que son una constante acreditada al menos desde el año 2014”. Pues bien, según la Sentencia, las irregularidades “no pueden constituir en ningún caso fundamento suficiente [para] apreciar un “incuestionable e inminente riesgo medioambiental””. Ya que de los 11 sancionadores, ninguno era “muy grave”, ni se impuso la clausura ni la inhabilitación y entonces “no puede determinar ni justificar en modo antiguo la apreciación de un incuestionable riesgo medioambiental”.
En otras palabras, sin tener en cuenta los abundantes informes técnicos y de agentes de la autoridad, ni solicitar ningún informe pericial por si éstos le planteaban dudas, el Tribunal ha inferido que si no había habido sanciones importantes, no había riesgo medioambiental. Esto, cuando menos, es tomar el rábano por las hojas.
La falta de sanciones importantes y en firme por infracciones o delitos medioambientales es lo habitual en este país, y prácticamente cualquiera de los desastres ambientales que hemos vivido es una demostración de la impunidad con que se cometen. Por mencionar uno de triste actualidad y relacionado con la contaminación difusa en actividades agrarias, pensemos en el Mar Menor. ¿Es que acaso la falta de sanciones importantes y la ausencia de cierres de explotaciones, incluso aquellas de riego ilegal, significa que no había “incuestionable riesgo medioambiental” en el entorno del Mar Menor? Desgraciadamente, nada más lejos de la realidad. Esperemos no llegar a una situación tan irreversible en la cuenca del Río Aragón.
Entendemos la dificultad de la administración pública en la tramitación de sanciones por causas medioambientales, las enormes presiones políticas, la falta de medios, la inercia burocrática, las cortapisas normativas, los embrollos competenciales, la prioridad absoluta del negocio económico frente a la protección medioambiental o la presión de los prometidos puestos de trabajo.
Sin embargo, los ciudadanos necesitamos, ahora más que nunca, una administración pública que garantice el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado, frente al riesgo de ver perdido nuestro patrimonio natural y recursos vitales como aguas, suelos y calidad del aire. Por ello, debemos exigir una actuación firme, valiente y eficaz, que sea capaz de vencer las dificultades y que haga respetar la legislación ambiental. Con unas líneas de actuación coordinadas que prevengan a tiempo los desastres ambientales, que impidan que resulte económicamente provechoso incumplir la ley y que potencien a los agricultores y ganaderos que sí cumplen la normativa ambiental y que ejercen su actividad en armonía con su entorno para que éstos puedan competir ventajosamente y verse recompensados con las subvenciones y ayudas que, ellos sí, merecen.
La mitigación frente al cambio climático pasa, además, por conservar los acuíferos libres de cualquier contaminación.
Firmado: Charo Brinquis y Belén Ausejo en representación de Urbizi, Sustrai Erakuntza, Hacendera, GreenPeace, Compañía de las 3R, Steilas, Junta de Landare, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción, Alnus, y otros colectivos en defensa de la tierra.