Estamos asistiendo a un boom de plantas de biometanización en Navarra. A las 6 plantas que funcionan actualmente, tanto públicas como privadas, habría que añadir la exposición pública de 15 proyectos más de plantas privadas (hay además otras dos plantas de promoción pública en tramitación y construcción). De autorizarse todas ellas, llegaríamos a las 23 plantas.

Entre los proyectos presentados, hay 4 plantas ligadas a explotaciones ganaderas. En principio se utilizarían exclusivamente para la autogestión de sus residuos orgánicos, por lo que los problemas que pueden ocasionar son mucho menores. El resto, son 11 grandes plantas de biometanización que deberían generar alarma.

Estas grandes instalaciones industriales están concebidas para gestionar residuos orgánicos de diversas procedencias y que, en muchas ocasiones, se encuentran a gran distancia de la planta. Estamos hablando de proyectos que se quieren establecer en Murillo el Cuende (2 grandes plantas), Artajona (también 2 plantas, una ligada a una explotación ganadera), Valtierra, Cortes, Sesma, Arroniz, Viana, Los Arcos, Cintruénigo y Funes.

Atendiendo a su ubicación, todas ellas se encuentran en la mitad sur de Navarra: 4 plantas en Tierra Estella y 6 en la Ribera. A la hora de elegir su emplazamiento, no se prioriza tanto la gestión de residuos orgánicos existentes en la zona como la cercanía de redes de distribución de gas natural, a las que inyectar su producción de biometano.

Por lo tanto, estas plantas son de tal tamaño que difícilmente podrán abastecerse exclusivamente con los residuos generados en las explotaciones ganaderas o agrícolas cercanas. Ello va a obligar a transportar residuos desde localizaciones más alejadas. Algo que choca radicalmente con la publicidad verde que las rodea y que se nutre de conceptos como “economía circular”, “gestión local de los residuos”, “energía renovable y limpia”…

Estos proyectos no responden a ningún tipo de planificación. No hay capacidad de generación de residuos para una densidad de plantas como la que se está planteando. Así, nos encontramos con 4 proyectos de grandes dimensiones en un radio entre 10 y 20 km (Sesma, Arroniz, Viana y Los Arcos) en Tierra Estella. Lo mismo ocurre en los tramos bajos del Arga y el Aragón donde se agrupan otros 4 proyectos en un radio reducido entre Murillo el Cuende, Funes y Valtierra. A estos últimos habría que añadir nuevos proyectos cercanos que han trascendido en Carcastillo, Melida… Y sin olvidar que en esa misma zona se encuentra la gran biometanizadora de la macrogranja Valle de Odieta, en Caparroso, en funcionamiento desde 2011.

En principio, estas plantas aprovecharán preferentemente deyecciones ganaderas, junto con residuos orgánicos de industrias de la transformación agrícola y ganadera. Pero, además, estas empresas reconocen que podrán utilizar residuos de origen industrial derivados de las industrias del papel y cartón, del mueble y la silvicultura, de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, de los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas, e incluso de las depuradoras de otros tipos de industrias.

Tras el proceso de biodigestión queda en estas plantas una gran cantidad de residuos, en su mayor parte líquidos, que reciben el nombre de digestatos, y que pueden ser utilizados para fertilizar campos de labor. Pero el hecho de que en estas plantas se permita la mezcla de diferentes residuos, con composiciones diferentes y que pueden incluir la presencia de metales pesados, hace que la fertilización con esos digestatos sea muy complicada. De ello se deriva la gran amenaza que suponen estas empresas para la contaminación por nitratos y otros compuestos tóxicos en nuestros suelos y aguas.

En todos los casos, los proyectos de estas empresas carecen de una planificación en el uso que darán a esos digestatos. El Plan de Gestión de Estiércoles debería ser un requisito indispensable para aprobar este tipo de empresas, pero los proyectos presentados buscan diversos subterfugios para no hacerlo. De este modo, algunas empresas, en especial las del entorno de Tierra Estella, han optado por decir que “el digestato podrá ser aplicado al campo por el promotor, entregado a gestor para su valorización o ser comercializado como fertilizante UE”. O sea que la empresa promotora reconoce que no sabe que hará con ese residuo, que es el producto principal que resulta del proceso de biometanización. Esto es simplemente inadmisible.

Se aprecia que las empresas del sector tratan de librarse de la obligación de gestionar estos residuos de una manera controlada, y prefieren alegar que se trata de un producto fertilizante que puede venderse de manera libre. Se trata de un intento por desrregular la gestión de estos residuos, que son extremadamente contaminantes si se gestionan de manera inadecuada. Recientemente hemos conocido como miembros de la dirección de la macrogranja Valle de Odieta han sido condenados por la contaminación de 2021 en el entorno del río Aragón. La sentencia ha determinado que la contaminación se produjo porque esta empresa trató de deshacerse de grandes cantidades de digestatos, utilizando para ello el riego por aspersión de sus parcelas.

Si se aprobaran todas estas grandes plantas de biometanización, los suelos y aguas de Navarra, base de nuestra agricultura, se verían aún mas amenazados por la contaminación por nitratos y otros compuestos. Por eso, resulta asombroso que el Gobierno de Navarra esté permitiendo que este tipo de proyectos vean completada su tramitación de forma positiva. Nos preocupa que, hasta la fecha, el Gobierno haya aprobado la planta de Valtierra y recientemente la de Sesma, así como que haya calificado compatibles con la preservación del medio ambiente (con DIA favorable) la de Artajona y una de las de Murillo el Cuende. Y lo haya hecho en todos los casos sin tener una definición clara del destino que tendrán sus digestatos.

Por este motivo, nos decepciona el debate que se ha dado recientemente en el Parlamento de Navarra sobre la supuesta moratoria a este tipo de plantas. Moratoria que tan solo implica la suspensión temporal hasta septiembre de 2026, de la tramitación de algunas estas plantas. Una suspensión a la carta para aprobar determinados proyectos en ayuntamientos afines, para satisfacer al negocio energético, para no cuestionar el modelo y para frenar el enfado social. Una suspensión que, tal y como se ha establecido en cuanto a plazos y contenidos, no va a servir para analizar en profundidad los impactos de este tipo de industrias. Como tampoco, y esto es lo importante, no va a permitir una planificación democrática de estas plantas, que sirvan verdaderamente a una agricultura digna, de calidad y con futuro, que supongan un recurso complementario para nuestra ganadería y que sea coherente con el cuidado de nuestra tierra y agua.

Artículo de opinión firmado por Mikel Saralegi Otsakar y Martin Zelaia García, miembros de la fundación Sustrai Erakuntza.