El pasado mes de julio, Ordenación del Territorio denegó el permiso para un polígono eólico de diez aerogeneradores proyectados en Artajona y Mendigorria que pretendía evacuar en la subestación de Oteiza atravesando los términos de Cirauqui y Villatuerta. Contra este proyecto habían presentado alegaciones varios ayuntamientos (entre ellos los dos municipios mayormente afectados, Artajona y Mendigorria), diversos colectivos y asociaciones, y más de 800 personas particulares.
Sin embargo, la empresa promotora ha presentado un recurso de alzada, firmado por uno de sus directivos, «uno de los empresarios más destacados de la lista Forbes 2025». Y no se ha quedado en el recurso: la empresa ha pedido además, expresamente, la suspensión cautelar de la Orden Foral que denegaba el proyecto.
El argumento, despojado de su envoltorio jurídico, viene a decir esto: mientras la Orden Foral no se suspenda, sigue corriendo el plazo del Real Decreto-ley 23/2020, y si ese plazo se cumple sin la suspensión, caducarían automáticamente los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica del parque, y se ejecutarían las garantías económicas que la empresa tiene depositadas. Dicho de otro modo: no es que «no vayan a ganar dinero» sin más, es que corren el riesgo muy concreto de perder los permisos y el aval.
Y aquí llega lo verdaderamente sorprendente: desde Cohesión Territorial se acoge el argumento y se suspende la Orden Foral que denegó el proyecto. El propio consejero lo justifica con un razonamiento de manual: si no se suspende y más tarde el recurso de la empresa prospera, el daño ya sería irreversible −los permisos se habrían perdido−; mientras que suspender, sostiene, no perjudica de forma inmediata al interés general, porque no autoriza ninguna obra, solo «congela el reloj». Todo esto en un tiempo récord.
Cuidado exquisito con el reloj de la empresa. ¿Se aplica el mismo cuidado, la misma prudencia cautelar, cuando el reloj que corre es el de un ecosistema?
Esto contrasta drásticamente con lo ocurrido apenas unos kilómetros más allá un par de meses antes. Ante la concesión de cuatro permisos de investigación de minería de cobre en 42 municipios de Navarra (principalmente en Tierra Estella), el pasado abril Ekologistak Martxan presentó un recurso de alzada ante el Departamento de Industria señalando varias irregularidades, entre ellas una fragmentación fraudulenta de los proyectos.
El fondo de este recurso sigue sin resolverse hoy en día, a pesar de que la ley impone la obligación de la Administración de resolver en el plazo de tres meses; el silencio resulta un incumplimiento de ese deber. Además, lejos de cualquier cautela, han comenzado las obras y perforaciones en el municipio de Sorlada, con actuaciones ilegales que han sido nuevamente denunciadas, sin que hasta la fecha el Departamento de Industria ni Medio ambiente hayan actuado.
Por ejemplo, que no se están cumpliendo las condiciones recogidas en los permisos otorgados, donde se establece que «los sondeos deben ceñirse a zonas de cultivo». Sin embargo, el primer sondeo lo están realizando en suelo forestal, no en zona de cultivo. Además, está dentro de un Hábitat Prioritario de Interés, según la Directiva Hábitats de la Unión Europea.
Resulta decepcionante este doble rasero. A la empresa se le «congela el reloj» con una suspensión cautelar en tiempo récord, para que no pierda ni un permiso ni un euro de aval mientras se resuelve su recurso. A Ekologistak Martxan no se le congela nada: el fondo de su recurso lleva meses sin respuesta y, mientras tanto, el reloj real −el de las excavadoras en Sorlada− no se ha detenido.
Un buen gobierno debería estar al servicio de los ciudadanos y no de las corporaciones. Debería proteger la riqueza medioambiental del territorio y no venderla al mejor postor. O, cuando menos, actuar con un mínimo de equidad.
Firman este artículo de opinión: Ester Montero González (Ecologistas en acción – Ekologistak Martxan), Rafael García de Galdeano Zurbano (Lurgorri), Celia de San Vicente Cosculluela (Gure Haizea), Ramón Contreras López (NEE/TEN), Rikar Azpillaga Alsasua (Oteitza Bizirik), Mikel Saralegi Otsakar (Fundación Sustrai Erakuntza).