La respuesta legislativa que se está diseñando en Navarra para hacer frente a la grave crisis climática, energética y de materias primas, así como de pérdida de biodiversidad, se está construyendo con mimbres equivocados. Vamos tarde y en la dirección fallida. Las contundentes conclusiones reflejadas en los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático que señalan el grave riesgo que supone la inacción climática para la humanidad y las poblaciones más vulnerables, no han provocado la debida reacción en la clase política navarra.

Y como prueba de la inoperancia de las medidas que se están adoptando, contamos en Navarra con dos ejemplos recientes: la Ley de Cambio Climático y el Decreto de Ley Foral de medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

La Ley de Cambio Climático apuntala el mismo modelo productivo y de consumo que nos ha traído a este escenario de emergencia climática. La Ley ignora uno de los objetivos fundamentales en este tiempo histórico: la necesidad de disminuir de forma racional, ordenada y justa, las ingentes cantidades de consumo energético superfluo que sostienen nuestra sociedad. Al contrario. La Ley no cuestiona ninguno de los proyectos que en Navarra representan la depredación más voraz de energía y territorio, así como las emisiones más contaminantes: el TAV, Canal de Navarra, explotaciones mineras insostenibles, macrogranjas, centrales térmicas ilegales, gestión de residuos, la movilidad basada en el vehículo privado y el transporte por carretera. Apenas se desprenden en la Ley planteamientos que afronten la urgencia del momento desde su raíz. Ni siquiera se atisba un plan de reconversión ecológica y sostenible de las actividades económicas, acompañada de medidas del reparto del trabajo productivo y reproductivo. ¡Sigamos como si no pasara nada y sálvese quien pueda!.

La Ley trata de hacer creer que podemos mantener los mismos parámetros actuales de crecimiento y modos de vida, sustituyendo el uso de combustibles fósiles con energías renovables. ¡Qué más da lo que plantee la comunidad científica! Siguen creyendo en el crecimiento infinito en un planeta finito. Más allá de los guiños al autoconsumo y la utilización de cubiertas para instalaciones fotovoltaicas, la Ley extiende su alfombra roja a la expansión de macropolígonos solares y eólicos. ¿Lo hace desde la planificación democrática? No. ¿Lo hace desde la apuesta prioritaria por un modelo local, descentralizado y desconcentrado? Tampoco. ¿Lo hace desde la consideración de la energía como un bien común producido y gestionado pública y socialmente? Menos aún. Aquí prima la ley (o dictadura) del mercado. Así responde el Gobierno de Navarra a cualquier planteamiento alternativo. Se trata de atraer capitales, de crear industria” verde”, de generar beneficios privados. Eso sí, los costes medioambientales, de despoblación, de contaminación, de empobrecimiento, de encarecimiento de los productos básicos, de pérdida de actividades agrícolas y ganaderas locales, de colapso energético, … los pagaremos entre todas.

Y esta apuesta por un modelo energético socialmente injusto y medioambientalmente insostenible, vuelve a reflejarse en el Decreto Ley Foral de medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, al igual que en el Real Decreto Ley 6/2022, convalidado este jueves en el Parlamento de Madrid. Más allá de medidas puntuales de carácter social, con importante aderezo propagandístico, y que caducan en su efectividad a las pocas semanas, estos Decretos ocultan objetivos más oscuros para beneficiar a los oligopolios eléctricos de siempre.

Para comprender en todo su alcance las medidas de simplificación y agilización de procedimientos para la autorización de instalaciones de energía renovables, hemos de recordar lo siguiente. Desde la legislatura anterior, y en diversos foros y congresos donde participan empresas como Iberdrola, Acciona, Siemens Gamesa, Ehnol,… se ha solicitado una y otra vez que la administración facilite y agilice la tramitación de macroproyectos frente a la contestación popular y la exigencia de otro modelo energético.

Dicho y hecho. Se aprovecha el shock generado con la desgraciada guerra de Ucrania para colar de tapadillo la demanda de las grandes empresas. Son medidas que van a permitir al oligopolio eléctrico saltarse una gran parte de los trámites a la hora de imponer sus macroproyectos eólicos y solares. De esta forma, se reducen a la mitad el tiempo para analizar el impacto ambiental de los proyectos que se presenten. Ello va a impedir la adecuada información y va a limitar el derecho a la participación pública en el análisis y control de dichos proyectos. Más poder para las empresas, mientras se intenta silenciar a las poblaciones afectadas para señalar y alegar los impactos. Igualmente, los plazos se acortan para que los órganos administrativos emitan sus informes preceptivos, lo que va a provocar que éstos sean más superficiales, menos incisivos y de peor calidad.

Como decíamos al inicio, con estos mimbres difícilmente se va a poder hacer frente a la emergencia climática y energética. Aún menos dando más facilidades a los poderosos y a quienes buscan el beneficio privado con sus macroproyectos. Se hace imprescindible iniciar un camino ordenado y justo hacia la disminución del consumo energético que realizamos en Navarra. Las razones medioambientales y sociales son claras: los límites físicos del planeta, la superación del pico de extracción de combustibles fósiles y otros materiales, la contaminación de los ecosistemas y de la atmósfera con sus emisiones de CO2, la alteración del clima, las guerras económicas y energéticas, las desigualdades… Todo ello nos lleva a la necesidad de la urgente transformación de los modelos de producción, consumo y propiedad. Y en ese escenario, las energías renovables deberán cumplir su papel, pero no a costa de profundizar en la destrucción de los ecosistemas y de los territorios locales. Porque esta destrucción realimenta la crisis climática, energética y social. Y si no, al tiempo.

Artículo de opinión de Mikel Saralegi Otsakar, miembro de la fundación Sustrai Erakuntza.