En junio de 2016, se inició en Australia un movimiento internacional para declarar la Emergencia Climática al considerar que el futuro de la civilización humana y la supervivencia de los ecosistemas de los que dependemos están en juego. Al ser los efectos del cambio climático de alcance mundial y de una escala sin precedentes, se reclamaban acciones urgentes y drásticas a todos los niveles. En septiembre de 2019, tres años más tarde, el Gobierno de Navarra y el Parlamento aprobaron la Declaración de Emergencia Climática.

En la Declaración aprobada en el Parlamento navarro parecía asumirse que la urgencia debería conllevar cambios profundos para poder reducir drásticamente los gases de efecto invernadero, detener la pérdida de biodiversidad, restaurar ecosistemas y promover el abandono de los combustibles fósiles. Todo ello llamaba a cambios radicales en la matriz energética, el fomento de medios de transporte no contaminantes, la reducción de la demanda de energía hasta consumos sostenibles, la gestión de los comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil, la recuperación de acuíferos y pastos, el avance hacia una economía local y de proximidad, con medidas que se apoyaran en la justicia, la democracia y la transparencia.

Sí, decían que estábamos en Emergencia Climática, pero tuvieron que pasar otros tres años más en Navarra para que las montañas parieran un ratón: la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética de 2022. Una Ley, aprobada por unanimidad, y que vino marcada por la tibieza política, la condescendencia hacia las presiones empresariales y el desprecio a la participación pública. Una Ley con escasa ambición, donde se marcaban objetivos de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, por debajo de lo que se planteaba en instancias europeas, y aún más lejos de las propuestas científicas.

Mayo de 2025. Han pasado tres años desde la aprobación de la Ley de Cambio Climático. El Gobierno de Navarra anuncia un proceso de reforma de dicha Ley para facilitar su implementación. Todo cambio y mejora es bienvenido si con él se responde con mayor eficacia a sus objetivos, que como indica el art 1 de dicha Ley es “establecer un marco de compromiso con la sostenibilidad y la lucha frente al cambio climático, facilitando la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y energético con una economía baja en carbono, basado en la eficiencia y en las energías renovables de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos naturales…”.

¿Cuál es el estado de las cosas? A nivel global, la situación es muy grave: la temperatura media de la Tierra ha superado el umbral del 1,5º C en 21 de los últimos 22 meses; se han superado 6 de los 9 límites planetarios fundamentales para la vida y se anuncia la superación en lo que respecta a la acidificación oceánica con su impacto en la vida marina; los niveles de CO2 siguen aumentado en la atmósfera; sequías y hambrunas que afectan a millones de personas en 19 puntos críticos en el planeta; los fenómenos meteorológicos caóticos y devastadores… Y junto a ello una realidad: un récord mundial en el desarrollo de las energías renovables que convive con máximos planetarios en la quema de carbón, madera y petróleo y en un contexto de escasez previsible de materias y minerales críticos.

Por lo que se refiere a Navarra también hay datos más que preocupantes. Los últimos datos de emisión de CO2, con una tendencia leve en el descenso, están muy lejos del objetivo del 55% por debajo de 1990 que debería producirse en 2030. Ha aumentado la generación renovable sí, pero disminuye el consumo de electricidad y aumentan las exportaciones eléctricas y… crece el consumo de productos petrolíferos. Los proyectos renovables se extienden sin planificación democrática, a impulso de las grandes corporaciones. El sindicato EHNE ha señalado la pérdida de 21.000 hectáreas de terrenos cultivables por urbanizaciones e instalaciones industriales como el TAV y Canal de Navarra. La Fundación Sustrai ha denunciado que la cantidad de zonas contaminadas por nitratos por el modelo agroindustrial en Navarra va a pasar de 99.259 hectáreas en 2020, a 247.854 hectáreas. Sigue la apuesta por el extractivismo en Erdiz, Mina Muga… Mientras tanto, el Gobierno de Navarra sigue sacando pecho por el crecimiento del PIB, sin reparar en sus impactos.

Todos estos datos justificarían la necesidad de replantear y cambiar el rumbo a la hora de hacer frente a la emergencia climática y social en que nos encontramos. Sin embargo, basta analizar someramente la motivación y las modificaciones que plantea el anteproyecto de modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica para advertir el nulo interés por abordar cambios de carácter más estructural. Se mantienen los objetivos poco ambiciosos de reducción de emisiones, se pretende eliminar informes climáticos en planes, programas y normas, se establecen criterios más laxos para evitar que las empresas calculen sus huellas de carbono, se disuelven y alargan plazos para la implementación de medidas, se aumenta la desprotección de las personas y familias vulnerables en su acceso a la electricidad, el agua y el gas…

Las modificaciones que se apuntan suponen una nueva oportunidad perdida. No corrigen ni apuntan en la dirección correcta. Volvemos a encontrarnos ante una transición energética y social fallida para hacer frente al calentamiento global. Y no lo olvidemos. No nos basta con una Ley centrada en desarrollo renovable. Esta debe venir acompañada de medidas que impliquen reparto del trabajo y de la riqueza, planes económicos para atender a las personas y comarcas afectadas, replantear el bienestar considerando los límites naturales, una nueva cultura de la autocontención y de la reducción de consumos superfluos, moratoria de macrogranjas, paralización de las obras del TAV en favor de la mejora de la actual infraestructura ferroviaria y del transporte colectivo, de la salud de nuestro campo… Necesitamos políticas para cambiar, no lo justo para no molestar al mundo empresarial, sino cambiar radicalmente con justicia climática y social.

Artículo de opinión firmado por Pablo Lorente Zapatería y Mikel Saralegi Otsakar, miembros de la fundación Sustrai Erakuntza.