
Hace escasos días se han presentado más de 6.000 alegaciones en contra del proyecto de construcción de un nuevo polígono eólico en Azanza y Sarbil. El trabajo de información y recogida de firmas para las alegaciones ha sido gracias, como en otros proyectos similares, al esfuerzo, organización y trabajo de personas y grupos organizados como la ya veterana Plataforma Urbasa Andía Bizirik y la más joven Plataforma Gure Haizea. El trabajo que han desarrollado en los últimos meses ha sido enorme, realizando charlas y reuniones para informar y explicar qué significan este tipo de instalaciones en los territorios donde se intentan implantar.
En algunos casos estos trabajos han sido acompañados y apoyados por los ayuntamientos implicados, cosa que es de agradecer. Y lo es aún más cuando la transparencia en la información y participación en estos y otros temas estratégicos para el presente y futuro de las poblaciones más directamente afectadas vienen muchas veces ya precocinadas entre los intereses privados y las administraciones públicas, sean ayuntamientos o el gobierno foral.
Precisamente un miembro del gobierno de Navarra, consejero de Industria a más señas, en reunión pública hace unas semanas con responsables municipales de la zona afectada por el polígono en Azanza y Sarbil, declaró de forma nítida que, si los ayuntamientos se oponen a la construcción de los polígonos de renovables, los proyectos no tendrán el apoyo y el visto bueno del gobierno de Navarra. No es la primera vez que este consejero ha realizado declaraciones de este tipo. El año pasado las realizó para proyectos de polígonos eólicos más al norte de las tierras que hoy nos ocupan.
Si es así como funcionan en la administración autonómica a la hora de decidir qué polígonos eólicos y solares se llevan adelante, siendo responsable de la elaboración e implementación de los diferentes planes energéticos que se han elaborado en las últimas décadas por diferentes gobiernos de distintos collares, una de dos: o están mal elaborados los planes energéticos o el consejero es un “queda bien” allá donde se plantea una oposición social y/o municipal, aplicando el “quién no llora no mama”. Pero hay una tercera opción que visto lo visto parece la más acertada: los planes energéticos no han sido bien elaborados y el consejero es un “queda bien”.
¿En qué manos está la elaboración, diseño, decisión e implementación de nuestro modelo energético con estas declaraciones? En los últimos diez años ha seguido estando en las de siempre: los intereses privados y mercantiles frente al de la mayoría de la sociedad y la población, sobre todo la del medio rural, en general.
Sin una planificación democrática real de abajo a arriba, sin una información y debate de verdaderas necesidades a cubrir partiendo de los límites físicos del territorio y del planeta en general, y un reparto equitativo y decrecentista desde el occidente capitalista hacia el resto del mundo, no va a haber solución para garantizar la soberanía y seguridad energéticas que necesitamos para vivir mejor con menos explotación, expoliación, destrucción y consumo de recursos naturales. La tarea no es fácil, pero es posible e imprescindible para salvarnos todas.
En Navarra, una vez saturadas la Zona Media y La Ribera, primero con las llamadas “huertas solares” y luego con los “parques eólicos” (obsérvese el lenguaje no inocente de mentir con conceptos para edulcorar lo que han sido más de dos décadas de industrialización del medio natural y rural con polígonos solares y eólicos), toca ahora imponer la industrialización de la “energía verde” con nuevos polígonos eólicos y solares en Lizarraldea principalmente y otras zonas del norte de Navarra.
Y al boom de los polígonos renovables, le acompaña el de los proyectos de biometanizadoras y ya se empieza a vislumbrar el de los centros de datos y grandes baterías… La fuerte producción de energía eléctrica con los polígonos de renovables en funcionamiento en nuestro territorio tiene un excedente de producción que hay que rentabilizar con fuertes consumidores de energía como son los centros de datos y las grandes baterías tanto en Navarra como en provincias limítrofes.
Mientras tanto, el ansia por construir más y más infraestructuras renovables industriales oculta la inacción del Gobierno de Navarra. Seguimos sin una planificación de las zonas y los formatos en los que se deben instalar las infraestructuras renovables. Seguimos sin contar con los mapas de zonas adecuadas para estos proyectos (ni están ni se les espera). Seguimos sin procesos de toma de decisiones democráticas y sin medidas desmercantilizadoras para la instalación de este tipo de infraestructuras. Y, sobre todo, hay que recordar el contexto de emergencia ecológica en que nos encontramos, seguimos sin políticas y medidas de reducción del consumo de energía, en especial de origen fósil. Porque de esto debería ir la transición socioecológica y no de declaraciones oportunistas del gobernante de turno o de las intenciones de algunos de ellos en buscar “salidas profesionales” en el sector energético gracias a las puertas giratorias. Y no son pocos los casos.
Artículo de opinión firmado por Mikel Saralegi Otsakar y Martín Zelaia García, miembros de la fundación Sustrai Erakuntza.
