Articulo de opinión de Sustrai Erakuntza a raíz de la revisión propuesta por el Gobierno de Navarra al Plan de gestión de residuos, que fue declarado nulo por los tribunales.
A finales del siglo XX Navarra era una región referencial en la gestión de los residuos sólidos urbanos. A ella miraban otros territorios para mejorar su tratamiento de residuos. Luego dejó de destacar entre las demás y ahora navega sin rumbo y sin un verdadero plan que la guíe hacia los horizontes marcados por Europa.
Tras años sin planificación, a finales de la pasada legislatura el Gobierno de Navarra (UPN junto con el PSN) aprobaba deprisa y corriendo el “Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN) 2010-2020”, para organizar la gestión de residuos durante todo el actual decenio. Este Plan nació viciado y murió a los dos años. Más del 80% de su presupuesto se destinaba a la construcción de una incineradora de residuos (ahora le han cambiado el nombre y lo llaman valorización energética), ignorando la jerarquía establecida desde Europa: Reducción, Reutilización, Reciclaje, Eliminación. En ese orden de prioridad. Sustrai Erakuntza lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que no dudó en anularlo y dejarlo sin efecto, precisamente por la cuestión de la incineradora. A continuación, el Gobierno de Navarra, no conforme con la sentencia del TSJN, elevó un recurso al Tribunal Supremo, el cual todavía no se ha pronunciado. Este recurso del Gobierno en defensa de la vigencia del PIGRN, es sufragado con el dinero de todos/as los/as contribuyentes.
Ahora parece ser que el plan que tanto les gustaba ya no les vale, se están replanteando el Plan. No es por un cambio de opinión sino porque así se lo piden las nuevas directrices europeas y también el PSN cuando Samuel Caro anunció este verano en rueda de prensa que estaba a favor de una supuesta y desconocida nueva tecnología basada en “agua, presión y calor”. Bienvenidos/as a la ‘coordinadora del no’.
Pero no nos fiamos. A ver qué chanchullo estarán tramando esta vez. Si fueran honestos/as y coherentes deberían reconocer públicamente sus errores, acatar la decisión de la Justicia y retirar ya el recurso que mantienen ante el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJN, costeado con nuestro dinero público. Y si el Tribunal Supremo les diera la razón y mantuviera la vigencia del PIGRN, ¿de qué les serviría si ellos/as mismos/as ya lo están abandonando?
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