Los polígonos eólicos que la empresa Agrowind Navarra 2013 SL proyectaba en Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga aún no han iniciado su construcción tras pasar 7 años desde que el Gobierno de Navarra pusiera el proyecto a exposición pública, y después de que en 2018 lo aprobara a través de un PSIS. Y a día de hoy se encuentran en exposición pública con una nueva modificación del proyecto.
Como se recordará, se trata de uno más de los muchos proyectos especulativos de este tipo que empresas surgidas de la nada y sin apenas capital social han puesto en marcha en nuestro territorio. En este caso, además, se trata de un proyecto, que entre las muchas modificaciones de las que ha sido objeto, se le ha aplicado desvergonzadamente una legislación adaptada ad hoc para favorecer a la empresa y mantener su vigencia.
El proyecto de Agrowind Navarra 2013 SL se inició con su presentación a los ayuntamientos afectados en 2012 y puesto a exposición pública en 2016. Los análisis efectuados tanto de la capacidad eólica, como del medio físico y su impacto ambiental datan, por lo tanto, de aquellas fechas. En 2018 el Gobierno de Navarra aprobó su PSIS. Sin embargo, la empresa no inició la construcción de los polígonos eólicos entonces, cuando ya disponían de todos los permisos.
Y no lo hizo porque no tenía capacidad para ello. La empresa fue creada en 2013 con un capital social exiguo de 4.000€, pero eso sí, aparentando una gran sede social. Tal y como puede verse todavía a día de hoy en su página web agrowind.es, el gran edificio donde se encuentra el concesionario de una conocida marca de automoción en Orkoien aparece en la publicidad de Agrowind como si fuera su sede, habiendo sustituido en la imagen el logotipo de la marca de coches que corona el edificio por el suyo propio.
Con estos mimbres es lógico que esta empresa no iniciara la construcción del proyecto. Pero a pesar de ello, logró que el Gobierno de Navarra alargara de modo artificial la vida del PSIS. Así, cuando en 2021 ya habían pasado más de 3 años desde la aprobación del proyecto sin que la empresa hubiera realizado ninguna obra, y por lo tanto debería haber sido declarado como caducado, sorpresivamente el Gobierno declaró la ampliación de su vigencia hasta 5 años más. Y lo hizo de manera completamente irregular, a través de una Orden Foral, instrumento normativo de carácter inferior al que pretendía enmendar (un Decreto Foral). Ante este mayúsculo error, que bien podría haber sido anulado por los tribunales de justicia, el Gobierno rápidamente emitió un nuevo Decreto Foral que lo subsanaba.
Todo este tiempo extra que la empresa consiguió de manera irregular le sirvió para conseguir cumplir su principal pretensión: vender la posibilidad de realizar el proyecto completo a otra empresa que sí tuviera la capacidad de llevarlo a cabo. Así, durante estos años han sido incesantes los rumores que indicaban que Agrowind estaba intentando vender el proyecto, bien a un fondo de inversión desconocido de origen saudí, bien a la empresa Energías de Portugal (EDP). Finalmente se ha podido comprobar que en 2022 Agrowind ha logrado vender tanto la propia empresa como todos sus polígonos eólicos al grupo saudí Alfanar.
Todos estos tejemanejes podrían ser considerados una “mera anécdota”, si no fuera por el hecho de que se está despreciando la integridad y la salud de los ecosistemas afectados por el proyecto. Hay que tener en cuenta que el análisis del que parte todo el proyecto se inició en 2012. Así, además de otros informes, el de la Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra, que estuvo entre la documentación a exposición pública para evaluar los impactos del proyecto, está fechado el 31 de diciembre de 2013.
Resulta del todo escandaloso que se mantenga un proyecto, con un análisis ambiental completamente desfasado y no acorde con la realidad actual. Desde aquellas lejanas fechas se ha producido un gran “boom” de polígonos de energías renovables, también en las zonas afectadas por este proyecto. Si bien la legislación en materia ambiental establece la necesidad de analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, que se producen por la instalación de otras infraestructuras similares en el entorno cercano al proyecto, el Gobierno de Navarra está ignorando esta situación. Tampoco se ha analizado la evolución que han sufrido la flora y la fauna de la zona afectada, que tampoco ha mejorado en los últimos años, más bien al contrario, debido en gran parte a los polígonos eólicos que se han ido instalando en la zona.
A juicio de la Fundación Sustrai Erakuntza, es inaceptable el alargamiento discrecional que se está dispensando a este grupo empresarial y el uso irregular de los instrumentos que evalúan los impactos ambientales de este proyecto. Una vez más, el Gobierno de Navarra pone el beneficio empresarial privado por delante de los intereses de la sociedad. Algo que no podemos tolerar, y a lo que Sustrai Erakuntza va a presentar sus alegaciones.
La falta de planificación democrática para determinar las necesidades energéticas de Navarra, la ausencia de una política clara para sustituir los combustibles fósiles (como demuestra el crecimiento continuo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Navarra) y la ausencia de voluntad por parte del Gobierno foral para garantizar que tanto la producción y la distribución energética tenga un carácter 100% público, social, desconcentrado y descentralizado, tan solo alimentan lo que una y otra vez estamos contemplando en nuestra tierra: la consideración de la energía como un bien de beneficio privado donde oligopolios y multinacionales (privadas o estatales) se disputan el territorio, para comprar y vender infraestructuras, unas veces para dominar el mercado energético y otras para ganar liquidez y cubrir sus deudas, y donde lo que menos importa es la sostenibilidad social y ecológica.
