El Gobierno de Navarra ha anunciado la intención de cubrir con placas solares una parte importante de la primera fase del Canal de Navarra (57 kilómetros de los 98 construidos a cielo abierto y tres balsas de la 1ª fase, 183 hectáreas en total) con el fin de dar mayor uso a esta macro-infraestructura hidráulica que tanto dinero ha costado y cuesta a los bolsillos navarros.

Un anuncio que viene aderezado y acompañado de conceptos y reivindicaciones de los movimientos sociales: establecer un precio público para la luz, economía circular, beneficiar a zonas despobladas, titularidad pública, soberanía energética,… Demasiados señuelos para despistar.

Vaya por delante que creemos que la transición hacia las energías renovables se ha de realizar utilizando para ello todas aquellas zonas actualmente urbanizadas, de manera que se produzca el mínimo impacto ambiental posible. De este modo, utilizar la infraestructura del Canal podría ser un paso adecuado en esa dirección, aunque habría que analizar con mayor detalle los impactos que causaría cubrir con placas solares las balsas, donde quizás se puedan estar creando nuevos ecosistemas para aves acuáticas…

Sin embargo, no vemos que este sea el motivo por el que el Gobierno de Navarra proponga este proyecto. De hecho, el momento elegido por el Gobierno para anunciar un proyecto que está en fase inicial y con muchos interrogantes sobre sus características y gestión, coincide con una avalancha de agresivos macroproyectos “renovables” en Navarra, y que han provocado un amplio rechazo social. Pareciera como si el Gobierno estuviera necesitado de limpiar su imagen por desentenderse y consentir un modelo de implantación de energías renovables caótico, desordenado y dirigido por las grandes empresas y el oligopolio energético.

El esperpento es aún mayor cuando anuncia que la colocación de paneles solares duplicaría la capacidad fotovoltaica actual en Navarra. Si fuera así, ¿para qué necesitamos los gigantescos proyectos fotovoltaicos en ambas laderas de El Perdón (ahora mismo hay anunciados proyectos que ocuparían 847 hectáreas solamente en la ladera norte de El Perdón, a lo que habría que añadir los existentes en la ladera sur, y otros muchos por toda la geografía navarra…)? ¿Todo se reduce al hacer por hacer, sin importar para qué se hace? ¿En base a qué criterios se decide aumentar la capacidad energética? Toda una muestra de un Gobierno, que como hemos dicho en otro momento, no gobierna las renovables.

Más allá del análisis y la viabilidad técnica de este proyecto, este anuncio nos muestra la manipulación y el lavado de cara que está suponiendo la transición energética en marcha. No se puede simplificar, desvirtuar y engañar a la población con anuncios propagandísticos, mientras las multinacionales eléctricas campan y destruyen a sus anchas. No se trata de proyectos sueltos, más o menos correctos. Se trata de encarar la crisis energética y de materiales desde la planificación democrática, en el marco de una nueva gestión de la energía.

Por todo ello, si el Gobierno de Navarra quiere recorrer de forma razonable y justa la transición energética, está en sus manos la suspensión de la tramitación de los macroproyectos renovables. Ello nos debería permitir la aprobación de mecanismos sociales y legales, democráticamente gestionados, que nos permitan un futuro con producción de renovables, prioritariamente desconcentrada y descentralizada, con reducción masiva del consumo directo de energía fósil, y control colectivo bajo propiedad pública.