La fundación Sustrai Erakuntza ha interpuesto hoy un recurso Contencioso Administrativo en los juzgados de Navarra contra la resolución 1278E/2025, de 12 de noviembre, de la directora general de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental integrada a la instalación de planta de biogás, cuyo titular es AGR Biogás SA, ubicada en término municipal de Arróniz. Este procedimiento judicial busca hacer frente al despliegue descontrolado de plantas de biometanización en Navarra, que no se ha visto frenado por la fallida moratoria del Gobierno de Navarra.
Como hemos explicado en múltiples ocasiones, la supuesta moratoria que aprobó el Gobierno de Navarra no está cumpliendo sus objetivos. Se trataba de una moratoria que no tenía entre sus objetivos la necesidad de establecer un marco normativo que estableciera las condiciones de funcionamiento de este tipo de plantas. Tan solo daba un año de plazo para analizar la situación de las plantas en tramitación y establecer una normativa sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables.
Pero además, se trata de una moratoria que no afecta a todas las plantas actualmente en tramitación, dado que las de Arróniz y Sesma no están incluidas en la misma. Es este el principal motivo que nos obliga a iniciar este proceso judicial, con el apoyo de la Plataforma Ciudadana Stop Biogás Arróniz Herri Plataforma.
Porque de seguir adelante con el proyecto tal y como está planteado, se realizaría sin las necesarias garantías de no afección a la salud de los suelos agrícolas y de los vecinos y vecinas de la comarca de Arróniz. Eso es así dado que la moratoria en vigor no tiene por objetivo establecer por normativa las condiciones de funcionamiento de este tipo de plantas, y ni siquiera ha cumplido con sus tímidos objetivos de establecer las normas de fertilización en las zonas consideradas como vulnerables a la contaminación por nitratos.
Y a esto se debería añadir el cúmulo de irregularidades que se han detectado en la tramitación de esta planta de Arróniz. Porque se trata de una planta que requeriría de una gran superficie de parcelas agrícolas donde verter el residuo final de su funcionamiento, el digestato. Este se produce en una cantidad enorme, 137.754 toneladas al año, y precisa para su vertido de 2.600 hectáreas de suelos agrícolas. Sin embargo, las parcelas presentadas para este fin no reúnen todas las condiciones exigidas para ello, por lo que, si se descartan las que no son adecuadas, se quedan en poco más de 1.600 Ha. Una superficie insuficiente para el vertido de tal cantidad de residuos sin contaminar los suelos.
Pero, además, el proyecto tampoco concreta cual sería el origen de las 140.00 toneladas al año de residuos que utilizaría la planta como materia prima. Unos residuos de origen ganadero, agrícola y también industrial, que deberían de ser transportados desde localizaciones remotas, y por lo tanto consumir grandes cantidades de combustibles fósiles para ello. Este aspecto debería ser considerado también para analizar el balance energético de esta supuesta planta de producción de energía renovable. Tampoco se han contabilizado adecuadamente las necesidades de combustible fósil para el reparto del digestatos en los campos de labor.
Por todo ello, y otras muchas razones que ya explicamos en anteriores notas de prensa, nos encontramos ante un proyecto que pudiera tener graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de las personas que viven en sus cercanías. Consecuencias que se deberían de analizar adecuadamente, y para lo cual es necesario establecer una moratoria real. Y ante la ausencia de dicho análisis y regulación, nos vemos obligados a iniciar este penoso proceso judicial.
Para acabar, queremos agradecer y felicitar a la población de Arróniz y su plataforma. Con su constancia en la denuncia de las irregularidades que se están cometiendo en este proyecto han demostrado que la movilización popular puede ser efectiva para paralizar proyectos destructivos del medio ambiente y el territorio. Postura que les está llevando a implicarse de muchas maneras en esta lucha, y que ya está teniendo consecuencias negativas para la convivencia en esta pequeña localidad. De hecho, este recurso judicial no sería posible sin su implicación y apoyo.