En mayo de 2010, la Fundación Sustrai Erakuntza ha tenido que recurrir a los tribunales debido a la reiterada denegación de la información ambiental sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad. El acceso a la información medioambiental está regulado a través del Convenio de Aarhus, por el cual los ciudadanos tenemos derecho a que las administraciónes nos pemitan acceder a toda la información medioambiental que posean.

Después de varias reclamaciones, hemos interpuesto un recurso en la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, frente al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra solicitando la información correspondiente al corredor navarro de alta velocidad. En el siguiente artículo se intenta sintetizar el recorrido completo de la solicitud de información:

En Diciembre del 2008 (ahora hace dos años y medio), un grupo de navarros y navarras acudió al Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko. El motivo fue denunciar la actitud que el Gobierno de Navarra estaba manteniendo con respecto al proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) a su paso por Navarra. Considerabamos que el Gobierno de Navarra estaba ocultando información referente al TAV a los/as ciudadanos/as, e incluso estaba intentando dificultar la labor informativa de los agentes sociales que nos oponemos a él. Era evidente que se pretendía vetar cualquier posible debate sobre el proyecto en el seno de la sociedad navarra.

Nuestra queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko fue con motivo de la licitación y adjudicación de la elaboración de un informe de impactos económicos, sociales y medioambientales del TAV, adjudicado a la empresa MECSA S.A., y por la negativa de dicha empresa a aceptar un dossier informativo sobre los impactos del TAV enviado por nuestra parte. La razón de la queja era que el Gobierno Foral había impuesto la condición de que la única información que se debía utilizar para la realización de dicho informe fuera exclusivamente la que el Gobierno de Navarra decidiera.

Es decir, alguien que tenía como trabajo elaborar un informe de impactos, y cobraba 151.724,14 euros (25 millones de las antiguas pesetas) por ello; rechazaba recibir gratuitamente informes de impactos adicionales, porque no se lo permitía el Gobierno de Navarra. Con esto no pretendíamos que los incluyesen en su trabajo; simple y llanamente considerábamos que era (y es)  información que quizás pueda tener algún interés para desarrollar un informe más completo, que beneficie a todos y todas.

Con fecha 6 de febrero del 2009 y número de expediente 08/643M, el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko resolvió, y así lo hicimos público, las siguientes conclusiones:

1. Entender que la decisión del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, de no instrumentar un cauce de participación en el citado estudio encargado a MECSA S.A., no podía reputarse de irregular o ilegal. La razón que argumentaba era que el citado estudio tenía como limitado objetivo estimar los posibles beneficios medioambientales derivados de la implantación del TAV. Es decir no planteaba analizar todos los impactos medioambientales (buenos y malos), sólo planteaba incluir los beneficios, sólo los esgrimidos como buenos.

Pero además se planteaba que era un estudio meramente informativo que no podía utilizarse para definir trazados, obras, instalaciones, etc., porque de ser así, sí que existiría el derecho a la participación pública, y en este caso sí que se definiría la actitud del citado Departamento como irregular o ilegal.

¿Para qué se ha gastado el Gobierno de Navarra 151.724,14 euros, en un informe que sólo contempla hipotéticos beneficios (nunca perjuicios) económicos, sociales y medioambientales de TAV, si luego no puede ser utilizado para definir trazados, alternativas, etc.?. ¿Se busca información o propaganda?

2. No obstante el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko, recomendó al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, que facilitase: por un lado el citado estudio una vez terminado (el plazo de entrega del estudio, según la licitación, expiró el 26 de diciembre de 2008); y por otro lado toda la información medioambiental de que dispusiera sobre la implantación del TAV en Navarra.

Con fecha 27 de abril de 2009, tal y como resolvió el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko, solicitamos en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones toda la información sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad, incluido el ya famoso informe de impactos económicos, sociales y medioambientales adjudicado a la empresa MECSA S.A., (según el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra debía estar terminado antes del pasado 26 de diciembre de 2008; de lo contrario se debía abonar una sanción por demora de 50 euros por día de demora).

Este escrito fue contestado por el departamento del Gobierno de Navarra 5 meses más tarde. En la contestación se denegaba el acceso a la información en general, y únicamente se justificaba el posible acceso futuro al expediente de MECSA S.A. Argumentaban que todavía estaban “elaborando” los datos del informe (teóricamente debería haber estado acabado como mínimo desde hacía 7 meses) señalando que preveían su finalización para finales de diciembre de 2009 (osea, con un año de retraso). En ese momento podríamos solicitar la entrega de la parte ambiental del citado estudio.

Transcurrido en exceso este periodo (¡ahí queda diciembre de 2009, y mas atrás aún diciembre del 2008 cuando se inició todo esto¡), no se han vuelto a tener noticias del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Por ello, el mismo grupo de navarros y navarras ha tenido que realizar un nuevo requerimiento a la administración, con fecha 5 de febrero de 2010, a fin de que ponga a disposición de toda la ciudadanía la información solicitada en su día.

Visto que este último requerimiento tampoco ha dado sus frutos, finalmente, y después de más de dos años intentando conseguir por parte del Gobierno de Navarra la información a la cual tenemos derecho los y las navarras, hemos interpuesto en la Sala del  Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, un recurso frente al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, solicitando, una vez mas, toda la información de que disponga el gobierno sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad.

Desde este grupo de navarros y navarras opositores al TAV nos preguntamos:

• ¿Porqué el Gobierno de Navarra impidió que entregásemos a MECSA información sobre las consecuencias que supondría la construcción del TAV a su paso por Navarra?

• Si dicho informe se ha concluido en plazo el pasado mes de diciembre de 2008, ¿por qué el Gobierno de Navarra no lo hace público?

• ¿Porqué el Gobierno de Navarra no nos entrega una copia de toda la información disponible tal y como resolvió el Defensor del Pueblo de Navarra?

• ¿No será que el Gobierno de Navarra ha encontrado algo en esos informes que pretende ocultar a la ciudadanía navarra?

• ¿No será que está más preocupado de la propaganda, y tiene miedo de la información?