La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado las alegaciones que se transcriben a continuación de este comunicado, contra el proyecto de Mina de potasas Muga, que pretende desarrollarse en la comarca de Sangüesa y zonas aledañas de Zaragoza. El texto presentado reúne una serie de consideraciones ambientales y sociales, y está realizado por la Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasas en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón.
La motivación principal de la presentación de estas alegaciones son el importante impacto ambiental que este proyecto produciría en el medio ambiente de la zona. Dicho impacto ambiental ya era patente en el proyecto inicial que fue presentado hace ahora mas de 2 años, pero en el proyecto ahora en tramitación es aun mas acusado.
El nuevo proyecto contiene una gran cantidad de cambios con respecto al original:
- un incremento de casi un 40% de la superficie afectada por la mina (más de 6 millones de metros cuadrados de nueva zona minera con respecto al proyecto original);
- la generación de una montaña de sal (residuos salinos) que pasa de 47 a 57 metros de altura y de 10 a 13 millones de metros cúbicos (un 25% más grande);
- la aparición de nuevas zonas de afección, como es incluir a Undués de Lerda (Zaragoza) dentro de la zona minera;
- la eliminación de las alternativas de circunvalación de Sangüesa, con un tráfico de casi un camión por minuto durante las 24 horas del día (casi 1000 trayectos diarios);
- el cambio de las bocaminas de sitio, la disminución de medidas de seguridad de los trabajadores de la mina, y un largo etcétera.
Se trata de un proyecto de mas de 15.000 paginas, que se ha expuesto a exposición pública por el exiguo plazo de 30 días, plazo que acabaría el próximo lunes 16 de octubre. Fue por este motivo que en una interpelación parlamentaria realizada por el grupo parlamentario de Podemos – Ahal Dugu el pasado miércoles 11 de octubre solicitaba que se ampliara dicho plazo de exposición pública a los 90 días. El único fin que tenía esta ampliación de plazo era el que las personas interesadas pudieran tener el tiempo suficiente para consultar el expediente completo, los 15.000 folios.
Sin embargo, la abstención del grupo parlamentario de Geroa Bai junto con los votos en contra de PSN, UPN y PP, lograron el pasado miércoles que no se solicite dicha ampliación de plazo, y que nos hayamos quedado sin la posibilidad de poder haber realizado unas alegaciones mas adecuadas. Porque las presentadas solo se basan en una lectura parcial y rápida de los documentos mas importantes de entre los expuestos, y nos tememos que una lectura completa del expediente podría sacar a la luz aun mas motivos de alarma y alegación.
Sustrai Erakuntza ha presentado ahora estas alegaciones iniciales, pero se reserva el derecho de presentar un texto mas amplio y fundamentado si hubiera tiempo para ello. Por ello seguimos solicitando a todas las instituciones implicadas, y en especial al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que aumenten el plazo para presentar alegaciones y faciliten el proceso.
Os dejamos con el texto completo de las alegaciones presentadas:
PRIMERO: que en la publicación en BOE se indica explícitamente que la nueva exposición pública se realiza por compromiso de diálogo y transparencia de la empresa y en lo previsto en la Ley 21/2013. En este caso, la exposición pública realmente responde a los cambios sustanciales que han afectado al proyecto y que suponen, entre otros aspectos, los siguientes cambios:
- Ampliación de la superficie minera en más de seis millones de metros cuadrados.
- Modificación de los permisos de investigación y de las zonas de explotación planteadas.
- Cambio de la localización de la bocamina y de la distribución de las instalaciones industriales asociadas.
- Cambio del volumen de transportes que implica casi 1000 vehículos diarios, que según el promotor para la carretera de Javier supone más de 1 vehículo pesado por minuto.
Por todo lo anterior, el proyecto requería volver a ser expuesto públicamente, pues es completamente diferente al que conocía la ciudadanía de la exposición de 2015.
SEGUNDO: que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) realizó un requerimiento muy exigente ante los graves problemas detectados en el proyecto de 2015 que obligó en diciembre de 2016 a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Este requerimiento recoge las exigencias de los organismos y administraciones del estado que habían evaluado el proyecto. Entre ellas, aquellas relacionadas con los hundimientos que se producirán por la mina, la generación de terremotos en la zona, la contaminación de las aguas o la montaña de sal que se diseñó con casi 13 millones de metros cúbicos y 47 metros de altura. Los anteriores problemas fueron señalados, entre muchas otras administraciones y alegantes, por los organismos responsables respectivos de España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Que de los anteriores requerimientos, el nuevo proyecto (”refundido”) no resuelve los problemas detectados.
Geoalcali ha tenido que reconocer algunos de ellos, como son los hundimientos, las afecciones a las aguas, la sismicidad activa en la zona, el peligro por terremotos, aunque ha contestado de forma contraria a los organismos públicos, negándoles o infravalorándo sus denuncias de forma interesada.
TERCERO: que el promotor ha tenido que reconocer que la peligrosidad sísmica es más del doble que la que defendía públicamente como correcta, pero que sigue sin evaluar la peligrosidad sísmica real de la zona. Decir que aunque hay terremotos no hay fallas activas es contrario al sentido común, porque los terremotos no se generan aleatoriamente, sino siempre sobre fracturas o fallas. El IGME solicitó un estudio de fallas presentes para evaluar el terremoto de Martes, la Crisis Sísmica de la Canal de Berdún o la reciente crisis sísmica de Undués de 2010-2011. El promotor resuelve el problema diciendo que no ha encontrado evidencias en su estudio, es decir, no buscar, ni estudiar, supone no encontrar, pero esto no significa que no existan, porque las hay y todos las conocemos.
CUARTO: Geoalcali reconoce la existencia de terremotos generados por la actividad minera, algo obvio, aunque lo hubiera estado negando hasta ahora. Pero cuando el IGME le requiere un estudio específico, el promotor contesta que no hay sismicidad en la zona y que no hay posibilidad de generar terremotos. Esto, aparentemente ridículo, es lo que se repite en el nuevo proyecto, se dice una cosa y la contraria, esperando que nadie consulte toda la documentación, y cada uno reciba la contestación adaptada a su pregunta. La sismicidad inducida, como indicada por el IGME, requiere un estudio monográfico, por la existencia de nutrida bibliografía sobre estos problemas,y que el promotor no ha realizado.
QUINTO: Los hundimientos mineros son calificados por el IGME como inadmisibles (organismo responsable en la investigación minera de España). Hundimientos de casi 2 metros, por ejemplo, en el castillo de Javier son los calculados por el promotor. Geoalcali ha resuelto que el relleno de las galerías podría suponer un menor hundimiento en superficie, pero el estudio de rellenado de galerías (backfilling) reconoce que no se podrá dar resistencia suficiente a las galerías para evitar los hundimientos. El promotor, con datos interesados, dice que los hundimientos serían de entre 14 y 21 centímetros, es decir, que en las mejores condiciones, los hundimientos serán incompatibles con las edificaciones, los pueblos (Undués y Javier), las carreteras, el Canal de Bardenas, o la seguridad de los habitantes de la zona afectada.
El estudio, encargado por Geoalcali, dice desconocer los datos para poder evaluar los hundimientos, y que se fía de los datos comunicados por el promotor, sin conocerlos. El estudio de impacto ambiental, en uno de sus anejos olvidados, reconoce que el relleno tendrá menos del 10% de la resistencia necesaria para evitar los hundimientos.
SEXTO: que la administración indica que los hundimientos no sólo se producirán sobre las galerías, sino también en su entorno, a lo que el promotor ahora calcula que los hundimientos se extenderán entre 600 y 1000 metros desde la zona con galerías. En estas zonas se encuentran los pueblos de Javier, su castillo, el pueblo de Undués, … El IGME lee requirió establecer un contorno de seguridad alrededor de las infraestructuras o localidades que quieran preservarse de los hundimientos, lo cual no ha sido realizado por Geoalcali.
SEPTIMO: que el promotor resuelve los hundimientos indicando que los vigilará por si se producen, y en caso de que afecten a edificios o infraestructuras, dejará de explotar en esa zona. Sin embargo, el promotor reconoce que los hundimientos en superficie se pueden generar entre 10 y 40 años después de haberse explotado, por lo que el control y seguimiento no podrá usarse como medida preventiva, sino para estudiar las afecciones cuando no puedan evitarse.
OCTAVO: que el promotor no dice que ha recibido informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre los bombeos, las afecciones a los ríos de la zona, sobre la contaminación de la zona, sobre la afección a Yesa o sobre la montaña de sal. El suministro de agua de la mina dependerá del Canal de Bardenas a diferencia de lo que decían en su proyecto previo de que les sobraría agua.
NOVENO: que el promotor resuelve, respecto al proyecto de 2015 y ante la negativa de poder generar una montaña de sal, que ésta será mayor aumentándola de 10,3 a 12,9 millones de metros cúbicos y pasando de 47 a 57 metros de altura. El promotor además indica, que la montaña de sal, se venderá cuando cierre la mina después de 18 años. Sin embargo, el requerido estudio de viabilidad económica para la venta de sal, muestra que su venta no será rentable al precio de producción de Geoalcali (frente a los precios de venta de Saldosa o Ibérica de Sales o la venta en Estados Unidos que es a la mitad del precio de producción que calcula Geoalcali en su propio proyecto). La alternativa de exportación no es real, por ser al doble del precio de producción y donde el acuerdo que Geoalcali dice tener, no es para la sal que Geoalcali va a producir. Además, los nuevos cálculos de Geoalcali sobre la sal sobrante dicen que será casi 3 veces mayor que la calculada en el proyecto original. Esto supone que si la venta no es rentable, la montaña de sal terminará siendo 3 veces más grande que lo reconocido.
DÉCIMO: que el promotor ha evaluado los aspectos a favor y en contra de su mina, y ha obtenido una autoevaluación de incompatible con el medio ambiente, la ciudadanía y el desarrollo de la zona afectada. Se otorga 2804 puntos negativos frente a 598 positivos asociados a los puestos de trabajo generados, y que una vez calculados y considerados de forma interesada, se otorga una calificación de un 2 sobre 10 (muy distante de ser algo beneficioso o de obtener un aprobado).
UNDÉCIMO: el promotor reconoce que todas las galerías terminarán colapsando y hundiéndose, pero no incluye técnicas de mantenimiento o sujeción para la seguridad de los trabajadores.
Quizás no porque no se pueda hacer, sino porque afectaría a sus beneficios, y valorado que no le importan los hundimientos en superficie, dice no evaluarlo porque según su criterio todo puede ser admisible. De la misma forma, ha eliminado casi todas las galerías de ventilación de la mina, asumiendo que no habrá problemas, cuando las minas del Perdón sufrieron explosiones del gas que existe dentro de los niveles de sales y que en éste caso no podrá evacuarse.
DUODÉCIMO: el promotor dice que el sistema es impermeable, y que no habrá afección a las aguas de la zona. Otro argumento, como el de la sismicidad, para decir que no se ha identificado o no se valora, cuando existen datos suficientes de que las numerosas fallas de la zona, son ríos subterráneos en el proyecto (el promotor lo reconoce, intencionadamente, cuando el único sitio donde ha realizado una investigación ligeramente detallada, las ha encontrado asociadas a zonas de flujo preferente (zona de la bocamina). Esto supone que el estudio realizado no resuelve la problemática de la afección a las aguas del Aragón o del Onsella, los cuales van a estar afectadas por la explotación minera en profundidad. El promotor, como en otros casos, se limita a negar o decir no haber identificado problemas cuando realmente no los ha estudiado.
DÉCIMOTERCERO: porque el promotor utiliza la encuesta tergiversada que realizó en 2016 para justificar el total apoyo ciudadano de las zonas afectadas, cuando además de no realizarse de forma objetiva, lo que realmente indica es que la mayoría de la población no conoce el proyecto, y en este momento, sigue sin conocerlo con detalle suficiente como para poder tomar una decisión o tener una opinión fundada.
Fundación SUSTRAI Erakuntza
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