Pero cuando decimos lo justo, no nos referimos en el sentido de justicia climática y social, que sea capaz de hacer frente a la situación de emergencia climática y que tenga en cuenta sus consecuencias en las vidas de las personas. La Ley va por otros derroteros. Tan solo plantea cambiar lo mínimo para que la lógica de negocio y beneficio privado asociada al modelo de producción y consumo actual se vea alterada lo menos posible.

La nueva Ley va a venir precedida de un proceso de participación ninguneado. El anteproyecto se sometió a exposición pública en junio de 2020, durante 15 días, y sin atender los requerimientos para prorrogar plazos. El análisis del texto aprobado por el Gobierno refleja el nulo interés por recoger las aportaciones de contenido realizadas por organizaciones sociales. Sin embargo, se ha mostrado muy flexible y condescendiente con las demandas empresariales.

Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, presenta el anteproyecto como un texto ambicioso. Pero sus objetivos apuntan en otra dirección. Reproduce lo establecido en la Hoja de Ruta de Cambio Climático del Gobierno de Navarra de reducción de emisiones del 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto al año 2005. Previsiones que están muy por debajo de los actuales objetivos europeos, y aún más de las advertencias científicas.

Además, la intención del Gobierno es un auténtico brindis al sol, al no venir acompañadas de una planificación de los cambios necesarios para conseguir tales reducciones de emisiones. Actualmente en Navarra los combustibles fósiles, la mayor causa de cambio climático, siguen constituyendo el 80% de la energía que consumimos. La electricidad renovable viene a ser solo el 20% de ese consumo, y no presenta una tendencia a aumentar. Se necesitarían planes ambiciosos de transformación de la sociedad, que impulsaran una decidida reducción del consumo energético, y que éste fuera exclusivamente con energía renovable. Planes que, lamentablemente, no están en la agenda de ningún gobierno. Veamos las previsiones de esta Ley foral de Cambio Climático…

Del análisis del anteproyecto, apenas se vislumbran medidas que cuestionen de raíz la apuesta por las grandes infraestructuras con serias impactos en el territorio, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la salud y en la alimentación. Con esta Ley podrán seguir realizando las obras del TAV, la imposición de polígonos eólicos y solares, las plantas centralizadas de tratamiento de residuos, el negocio de la biometanización, el mantenimiento de las centrales térmicas de Castejón, las macrogranjas, la minería de las multinacionales,… acompañada por la caza y captura de los Fondos Europeos para la Reconstrucción. No casa la práctica diaria con los motivos de la Ley.

Entre las medidas de mitigación señaladas, se habla de cambio energético e impulso de las energías renovables. No sabemos si el retraso en la presentación de la Ley tiene que ver con el tiempo que se ha regalado a la empresas para presentar el caótico aluvión de polígonos solares y eólicos, y que ha recibido contestación en el mundo agrario y población afectada. Es más que dudoso que los cambios legislativos anunciados tengan efecto en los proyectos ya presentados. El anteproyecto no plantea instrumentos que faciliten un debate serio que vaya más allá de la sustitución tecnológica y poder establecer una planificación democrática para identificar la cantidad de energía que necesitamos, su distribución y su impacto en la economía local, su diseño descentralizado y desconcentrado. Si queremos planificación democrática, es necesario decretar una moratoria en relación a los proyectos renovables presentados. De lo contrario, la futura Ley seguirá a remolque de los oligopolios energéticos que marcan el ritmo de la transición energética.

En el apartado de movilidad sostenible se echa en falta medidas que integren la ordenación del territorio (ubicación de los servicios, impuso local,…) y la planificación del transporte para reducir su demanda. No se trata tan solo de sustituir diésel por electricidad. Llama la atención que el anteproyecto no recoja ninguna medida para promover el uso y mejora del ferrocarril. Al contrario, las declaraciones de la presidenta Chivite en favor de las obras actuales del TAV van en dirección contraria. Pensar en el vehículo eléctrico privado como alternativa denota una visión cortoplacista y oculta nuevos problemas (disponibilidad de materiales finitos, elevados consumo de energía y procesos contaminantes asociados, sus dificultades para incorporarlo a los vehículos pesados como maquinaria, camiones…). El transporte público, el tren público y social, y la bicicleta deberían ser el destino de los fondos públicos para garantizar infraestructuras y accesibilidad a toda la población.

En relación a los sectores primarios, es urgente recordar que el suelo agrícola está en peligro. Por ello, la colocación de placas fotovoltaicas debe estar prohibida en terrenos fértiles. Es necesario proteger, en cantidad y calidad, el suelo agrícola, aumentando la superficie ecológica: el suelo es un bien escaso, no renovable y fundamental para nuestra alimentación. Los polígonos solares, aunque vistan de verde, acelerarán la despoblación del medio rural. Igualmente, el modelo de macrogranjas, unido al negocio actual de gestión de residuos para la producción de energía debe prohibirse, en favor de una ganadería local, con presencia equilibrada en el territorio.

Por último, el anteproyecto no puede ser más decepcionante en la gestión de los recursos hídricos tan esenciales para nuestro futuro. No se establecen objetivos de ahorro en los consumos y no existe un pronunciamiento claro para no ampliar la superficie de riego en Navarra y dedicar los recursos disponibles a mejorar los actuales regadíos. Un aumento de la superficie de riego va a generar servidumbres con unos escenarios con menor disponibilidad de agua, incrementando la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático.

Creemos que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático no apunta en la dirección correcta. Podemos encontrarnos en la antesala de una transición energética y social fallida para hacer frente al calentamiento global. Y no lo olvidemos. No nos basta con una Ley para replantear nuestro modelo energético. Esta debe venir acompañada de medidas que impliquen reparto del trabajo y de la riqueza, planes y fondos económicos para atender a las personas y comarcas afectadas, replantear el bienestar considerando los límites naturales, una nueva cultura de la autocontención y de la reducción de consumos superfluos, y una organización y poder descentralizado y democratizado. En definitiva, una Ley de Cambio Climático y unas políticas para cambiar, no lo justo, sino cambiar con justicia climática y social.