En enero de 2015 el Tribunal Supremo anuló completamente el anterior Plan de Residuos de Navarra. La fundación Sustrai Erakuntza, junto con la Mancomunidad de Sakana, habían llevado a los tribunales dicho plan debido a que prácticamente el único método de gestión de los residuos que proponía era su incineración. Gracias a ese esfuerzo impulsado por Sustrai Erakuntza y Mancomunidad de Sakana, Navarra tuvo la gran oportunidad de poder elaborar un segundo plan de residuos.

Durante prácticamente todo 2015 y 2016 el Gobierno de Navarra impulsó la elaboración de un nuevo plan de residuos, que contó con la participación de muchas personas, grupos y entidades. Había un consenso amplio para evitar que de nuevo se introdujera una incineradora de residuos, o se permitiera incinerarlos en otras instalaciones, como era el caso de la cementera de Olazti. Por ello, durante las reuniones de participación fue un tema que se trató ampliamente. Y finalmente, el Plan de residuos de Navarra 2017-2027 fue aprobado a finales de 2016, sin incluir la incineración como forma de tratamiento de los residuos.

Sin embargo, aunque otras propuestas de los colectivos ecologistas se quedaron en el tintero, no cayeron en saco roto. Después de la discusión del plan, se inició la discusión de una nueva ley de residuos para Navarra vinculada al citado Plan de residuos.

La discusión de la ley, sin embargo, no alcanzó tanto nivel de participación, y se resolvió en mucho menos tiempo que en el caso del plan, por lo que no dio tiempo a plantear en profundidad todos los aspectos que requería. Finalmente, la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad ha quedado aprobada en junio de este año. Una vez más, al igual que está ocurriendo con otros temas, algunas de las más importantes aportaciones de los grupos sociales han sido rechazadas.

La ley ha sido sometida a un proceso de participación muy deficiente. El Gobierno de Navarra ha hecho lo mínimo para que la ley pudiera considerarse como el fruto de un proceso participativo, algo obligatorio para cumplir con la Directiva Marco de Residuos.

Aunque el articulado de la ley coincide plenamente con las Directivas Europeas y lo que dicta el Plan de Residuos, no se ha intentado articular ninguna opción más avanzada o progresista.

Así por ejemplo, una de las mayores reivindicaciones de los grupos que han participado en todas las fases de discusión del plan y de la ley de residuos, ha sido la de que se analizara la implantación de plantas para la gestión de residuos pequeñas, cercanas a los puntos de producción de los mismos. La razón de esta propuesta es que este modelo descentralizado es más efectivo, en parte porque reduce el desplazamiento de los residuos hasta la planta de tratamiento, pero sobretodo porque las plantas así diseñadas son más sencillas de gestionar.

Sin embargo, la tendencia que impulsan ambos documentos, y que se está plasmando en actuaciones concretas, es la de mantener las grandes plantas centralizadas: por un lado se subvenciona e impulsa que se mantenga en funcionamiento la obsoleta e ineficiente planta de biometanización de El Culebrete, en Tudela; y por otro se planifica la construcción de una gran planta en la Comarca de Pamplona para el tratamiento de la fracción resto, la orgánica y los envases. Estratégicamente se utiliza el mismo criterio que se está utilizando en tantas cuestiones y sectores, como pudiera ser el ejemplo de la energía. Se favorecen las grandes instalaciones centralizadas y con grandes impactos en detrimento de pequeñas instalaciones descentralizadas, integradas en el territorio y con impactos más razonables.

Además, con la decisión de construir una gran planta de gestión de residuos también en la Comarca de Pamplona, se tiende a exportar las malas prácticas de El Culebrete a la Comarca. Hay que recordar que El Culebrete ha sido sancionado, o recibido propuestas de sanción, en múltiples ocasiones por incumplimientos de su plan de gestión y malas practicas en la gestión de residuos. Gran parte de estas sanciones provienen del hecho de que en la Ribera la mayor parte de los residuos se recogen mezclados, de manera que son luego difícilmente separables. Y si se recoge mayormente “fracción resto” (residuos mezclados) es debido a que la mancomunidad de La Ribera no pone los medios para mejorar la separación de residuos entre la población. Si se extiende este modelo, y teniendo en cuenta que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recoge y trata el 57% de los residuos de Navarra, nos encontraríamos con que la gestión de residuos en Navarra sufriría un grave descenso en su calidad.

Otra de las propuestas importantes realizadas tanto al plan como a la ley de residuos de Navarra ha sido la implementación de unas tasas que penalicen el vertido de los residuos en vertedero. Esta es una medida que ha funcionado en algunas Comunidades Autónomas y también en otros países europeos, dado que está recomendada por las Directivas europeas. El canon por vertido llega a los 60 y 80 euros por tonelada en algunos países europeos, por poner un ejemplo. De este modo, al estar penalizado económicamente el vertido, se favorece e impulsa que las autoridades vayan desarrollando diferentes sistemas de gestión para mejorar la eficiencia en la reutilización de los residuos.

Aunque la ley de residuos de Navarra finalmente ha incluido un canon, su cuantía se queda muy lejos de las que tienen la virtualidad de intentar cambiar las cosas. Así, en la nueva ley, el vertido tiene un coste el primer año de 5 euros por tonelada, cuando ya solo el compostaje de la materia orgánica en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene un coste económico entre 20 y 26 euros, transporte aparte. De este modo, sigue siendo más barato verter que tratar la materia orgánica. Al año siguiente el canon de vertido implantado por la ley ascendería a los 10 euros y finalmente los demás años 20 euros.

En cuanto a la gobernanza que se incluye en la ley de residuos, finalmente se ha optado por la creación de lo que se ha llamado el Ente Público de Residuos de Navarra. Se trata de un nuevo organismo que es similar al Consorcio que actualmente gestiona los residuos de toda Navarra excepto la Comarca de Pamplona. Por lo tanto en el nuevo Ente formarían parte todas las mancomunidades y entidades públicas que gestionan residuos en Navarra, junto con el Gobierno de Navarra. Y tendría competencias en la gestión, el transporte y el tratamiento de residuos.

Sin embargo, los grupos sociales detectamos varias flaquezas en esta nueva entidad. Dado que en él participan los actuales gestores de los residuos, si se detectaran incumplimientos de la legislación de residuos (y hay que recordar los ya comentados incumplimientos en El Culebrete), ¿quién los controlaría y/o sancionaría?. Este sería el cometido del Ente, y por lo tanto de una entidad formada por las propias entidades incumplidoras, es decir serán simultáneamente juez y parte. La propuesta que ha rechazado el gobierno de Navarra consistía en la creación de un ente independiente, similar a la Agencia Catalana de Residuos…

Finalmente, la ley de residuos incluye la posibilidad de que se implante en Navarra un Sistema de Depósito Devolución y Retorno de envases (SDDR). Se trata del sistema por el que los envases tienen un valor económico asociado, el cual es recuperado por el/la consumidor/a en el momento que lo devuelve a la empresa productora, para que de este modo pueda ser reutilizado, o al menos reciclado. Poner en marcha lo que antes se llamaba “devolver el casco”. Pues bien, la ley de residuos de Navarra mantiene la posibilidad de que se instaure algún tipo de SDDR, pero también mantiene abiertas posibilidades para que no sea necesario hacerlo.

Con todo esto, podemos decir que nos hemos quedado con un ”sabor agridulce”.

La redacción de este Plan de residuos y su correspondiente Ley, aunque públicamente no lo reconozcan, han sido resultado de nuestro empeño por impedir la incineración de residuos en Navarra, y conseguir una gestión de los mismos más eficiente y moderna.

Sin embargo se puede decir que se ha quedado a medio camino de lo que hubiéramos considerado mínimamente razonable. ¿Quiere decir esto que la Ley es mala?, en absoluto, pero parece que el Gobierno de Navarra no está por la labor de intentar ir más allá e implantar un cambio estructural en el tema de la gestión de residuos. Posiblemente la Ley navarra sea la mejor legislación que hay en el Estado Español para la gestión de residuos en este momento, pero igualmente se podría comparar con el norte de Europa y vemos claramente que no es suficiente, entre otras cuestiones porque no va a solucionar la mayoría de los problemas que actualmente tenemos.

La fundación Sustrai Erakuntza seguirá trabajando por implantar un cambio estructural en el modelo gestión de los residuos. Lo hará, como lo ha hecho siempre, ayudando y colaborando con colectivos y plataformas que persigan estos mismos objetivos, así como asesorando a los ayuntamientos y entidades que nos lo pidan. Porque avanzar en la solución del problema de los residuos es una de las claves para avanzar en el cambio hacia una sociedad sostenible.

Martín José Celaya García
Miembro de la fundación Sustrai Erakuntza.