El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra ha rechazado la solicitud que diversas entidades hemos realizado para ampliar el plazo de información pública de los proyectos eólicos promovidos por la multinacional de la construcción SACYR a través de varias empresas de su grupo. Estos proyectos se publicaron el 9 de agosto y afectan a Esteribar, Ezkarbarte, Orkoien, Berrioplano, Juslapeña, Olaibar, Olza y Erro.

Las razones para la solicitud eran obvias: las dificultades para analizar debidamente 3 proyectos en pleno agosto, con más de 6.000 páginas. A pesar de que en otros momentos el Gobierno sí ha admitido la prórroga del período de información con otro tipo de proyectos, esta vez se ha mostrado inflexible. Y lo ha hecho apelando al perjuicio que pudiera provocar su decisión a las empresas madrileñas SARESUN ROSALES SL promotora del polígono eólico Navarra 4, y SACYR CONCESIONES SLU promotora de los polígonos Navarra 1 y 2. El argumento que el Gobierno esgrime es que la prorroga del plazo les dificultaría supuestamente la obtención de permisos de acceso y conexión a la red.

Toda una declaración de cómo entiende y facilita este Gobierno el diálogo, la participación y la implicación del tejido social y las comunidades locales en aspectos clave de la transición energética. Toda una muestra para conocer ante quien se inclina.

El Gobierno navarro ha retrasado “sospechosamente” la tramitación de la Ley de Cambio Climático, y con ella, los posibles cambios que pudieran implicar en el futuro. Esta circunstancia ha sido “casualmente” aprovechada por las empresas para presentar una avalancha de proyectos, con unos instrumentos legales actuales más laxos y favorable a sus intereses. Desde el 1 de febrero de 2021, han presentado 65 proyectos: una media de 8 proyectos mensuales, 2 cada semana. Ha habido días en que el Boletín Oficial de Navarra ha anunciado 4, 5 y 6 proyectos a la vez. Proyectos que además se presentan de forma fragmentada de forma fraudulenta para burlar controles y tramitaciones más severas. A ello hay que añadir infraestructura complementaria: líneas de evacuación, subestaciones,… Y por si fuera poco, se nos anuncia la Línea de Alta Tensión a 400 kV entre Muruarte e Itxaso. Una barbaridad.

El movimiento ecologista, la comunidad científica, las cooperativas energéticas llevan años anunciando la necesidad de una transición energética justa. En el caso de la Fundación Sustrai Erakuntza, presentamos en 2014 una propuesta de soberanía energética para Navarra con medidas concretas, y que fue presentada en el Parlamento navarro en 2015. Las instituciones miraron para otro lado. Han preferido seguir la senda que les marcaba el capitalismo fósil, el de la construcción y el de los automóviles.

Ahora nos hablan de emergencia y necesidad de tomar medidas drásticas en poco tiempo y a cualquier precio, pero siempre de la mano de las grandes empresas eléctricas y sus planes: captura de fondos europeos, mantenimiento del control eléctrico,… ¡Bien pudieran aplicar este criterio de emergencia para paralizar proyectos altamente contaminantes y antisociales como el TAV, las térmicas de Castejón, la Mina Muga con sus 700 camiones diarios entre Zangotza y Pasajes/Bilbao, la macrogranja de Caparroso…!

Multitud de entidades y desde la comunidad científica están solicitando la suspensión de la tramitación de los macoproyectos eólicos y solares. Recientemente el Gobierno catalán, con el apoyo de partidos políticos, han declarado una moratoria. Y en Navarra ésta resulta urgente. Resulta insostenible un despliegue de las renovables en base a la destrucción y privatización del territorio, de la desaparición de la biodiversidad y de suelos de alta calidad para la actividad agrícola y ganadera y el mantenimiento del oligopolio energético. Y en estos momentos ni la legislación (medioambiental, suelos,…) vigente ni la voluntad del Gobierno de Navarra lo va a detener.

Renovables sí, pero no así. El objetivo es claro: hay que promover una revolución energética con visión estratégica, ordenada y planificada democráticamente; que tenga en cuenta la crisis energética y de materias primas; que garantice el acceso universal a la energía; con instrumentos legales adecuados y actualizados; que priorice el autoconsumo, descentralizado y desconcentrado, y acerque la producción a los puntos de consumo, a la vez que determine qué infraestructura global es necesaria siempre bajo gestión pública; y que organice socialmente la reducción de la demanda energética promoviendo nuevos modelos de agricultura y ganadería ecológica, movilidad, transporte y producción industrial.