El Tren de Altas Prestaciones (conocido como TAV) es un proyecto caduco, de otros tiempos. Responde a un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y el hormigón, asociado a la galopante crisis ecológica y económica que nos afecta. Sin embargo, los diferentes gobiernos siguen gastando dinero en él, tirando el dinero a un agujero sin fondo.

El proyecto que hoy se desarrolla en la Ribera y Zona Media de Navarra fue diseñado a finales del siglo pasado, y aprobado en 2004 (también el de la Comarca de Pamplona). Desde entonces ha tenido una historia azarosa, por la cual apenas están concluidos 15 km de la plataforma sobre la que se montarían posteriormente las vías (entre Castejón y Villafranca). Y en la actualidad se están realizando obras en otros 15 km aproximadamente (entre Villafranca y Olite). Otro pequeño tramo, entre Olite y Tafalla inició fugazmente sus obras, pero actualmente están completamente paralizadas, y las máquinas y las personas que con ellas trabajaban han desaparecido.

Todo ello en el tramo Castejón – Campanas, el único que esquivó la caducidad de su Declaración de Impacto Ambiental, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2013 para ese tramo y para el de la Comarca de Pamplona. En el caso del primero, las obras se iniciaron en 2011 y por lo tanto el tribunal no pudo probar la caducidad de la infraestructura. Sin embargo, en el caso del TAV en la Comarca de Pamplona no se ha realizado ningún movimiento desde que se aprobó el proyecto en 2004 (¡más de 16 años!), y por lo tanto el proyecto está caducado completamente.

Sin embargo, los diferentes gobiernos han continuado impulsando esta irracional infraestructura como si nada hubiera sucedido. Por este motivo, desde la fundación Sustrai Erakuntza hemos tenido que realizar múltiples llamamientos a la cordura, tanto a los gobiernos y grupos políticos (en 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020… por poner solo unos ejemplos), como a las instancias judiciales (en 2013, 2014, 2015…). Fruto de este último trabajo, fue otra sentencia del TSJ de Madrid, de 2019, en la que el tribunal volvía a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que declarara caducado el proyecto de TAV en la Comarca de Pamplona.

Pues bien, en estas fechas nos hemos enterado casi de casualidad (después de reiterar a los tribunales que se ejecutará la sentencia), que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (sucesor del Ministerio de Medio Ambiente) declaró completamente caducado el proyecto de TAV en la Comarca de Pamplona el pasado mes de octubre de 2019, hace ahora un año. ¡Esta fundación ha sido notificada ahora por el juzgado de una decisión tomada hace un año por el Ministerio!

Esta pequeña anécdota sobre la lentitud de las instancias judiciales y administrativas tiene sin embargo un trasfondo mucho más profundo. Los diferentes gobiernos de Navarra y del Estado han estado impulsando y gastando dinero en obras inútiles, que incluso los tribunales han dado por caducadas desde hace tiempo. Y a día de hoy aun persisten en este irracional impulso, como hemos podido contemplar con estupefacción estos días, en sus actuaciones para con los presupuestos del Estado y Navarra, y en sus peticiones de dinero a Europa a cuenta de la crisis de la covid.

Porque es necesario dejar constancia aquí como, una vez más, los presupuestos del Estado para Navarra prevén gastar, si se aprueban, otros 62 millones de euros más para continuar con la irracional obra del TAV, esa que los tribunales dan por caducada. Una obra que va de ningún sitio a ninguna parte, y que no es necesaria para mejorar las comunicaciones en Navarra, dado que incluso las empeorará. El TAV no puede llevar mercancías, ni tampoco puede dar servicio a las comarcas y pueblos de Navarra. Su único fin es el traslado de pasajeros entre grandes ciudades, algo que también se lleva a cabo con el ferrocarril convencional, que puede ser ampliamente mejorado. Y el dispendio realizado en su construcción está detrayendo recursos económicos del mantenimiento de la actual infraestructura, como muestra el cierre de las taquillas de las estaciones de Castejón, Tafalla y Altsasu, efectuado hace ahora casi un año.

Pero la partida presupuestaria para el TAV en los presupuestos del Estado no es la única amenaza a la situación del transporte en Navarra. Según indican las declaraciones efectuadas por el Gobierno y algunos de los partidos de nuestra comunidad, también pretenden utilizar recursos económicos de la lucha contra la crisis provocada por la pandemia, para destinarlos al TAV, entre otras grandes obras inútiles.

Según ha transcendido en los medios de comunicación, el Gobierno de Navarra pretende solicitar financiación del Fondo de Reconstrucción Europeo para el TAV y el Canal de Navarra. Están dispuestos a usar cientos de millones de euros quetienen como destino la reconstrucción de la sociedad y el medio ambiente, para precisamente hacer lo contrario. Porque, si se emplean para esas dos grandes infraestructuras inútiles, estaremos ante la sinrazón de que unos dineros destinados a la reconstrucción se empleen en la destrucción del medio ambiente y de la economía navarra y estatal.

Nos encontramos, una vez más, ante actuaciones denunciadas tanto por organismos oficiales, hay que recordad como la AIREF condenó el gasto en nuevas líneas de TAV, como por colectivos sociales. Es el caso de la iniciativa Orain Ardura, que agrupa a una parte importante de la sociedad navarra y vasca, y solicita que no se siga derrochando dinero en las obras del TAV en estos momentos de crisis sanitaria. O la declaración realizada por varios grupos ecologistas navarros en la que piden que no se destinen los fondos europeos de reconstrucción para realizar la 2º fase del Canal de Navarra.

En estas circunstancias en las que incluso los tribunales nos han dado la razón y han declarado caducado el TAV en Navarra, no podemos más que unirnos a las reivindicaciones expresadas por las dos iniciativas anteriores. Por eso reivindicamos alto y claro que no tiren nuestro dinero a un saco sin fondo.

Los presupuestos deben servir para fortalecer los servicios públicos, para lograr una política energética marcada por el ahorro y la descentralización de la producción energética renovable, para mejorar y extender la red de transporte público y social, para extender la agricultura y ganadería local dirigida hacia la soberanía alimentaria… En definitiva, necesitamos unos presupuestos que propicienuna transición ecosocial justa y verdaderamente sostenible, sin multinacionales ni especulación.