El pasado 10 de mayo, más de 1.500 personas reclamaron una moratoria de dos años en las plantas de biometanización. La movilización vino precedida con la presentación de más de 15.000 alegaciones contra proyectos de biogas en Navarra. La moratoria reivindicada debe servir para corregir el rumbo llevado hasta la fecha, caracterizado por la expansión irracional de estas plantas. Es necesario disponer de un diagnóstico contrastado de las necesidades de los sectores y los territorios afectados, que posibilite una planificación democrática que garantice la protección de acuíferos y suelos frente a la contaminación, compatible con una agricultura y ganadería de calidad y sostenible. Han pasado los días y el Gobierno de Navarra aún no se ha posicionado públicamente.